Una escala centroamericana antes de llegar a México
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, informó de que su país había recibido durante 2026 a 2.284 mexicanos deportados desde Estados Unidos. Según explicó, viajaban en aviones que también transportaban a ciudadanos guatemaltecos y permanecían en el país como pasajeros en tránsito. Las autoridades los trasladaban después hasta México en un plazo aproximado de 24 horas. El coste era asumido, dependiendo del vuelo, por Estados Unidos o México, de acuerdo con Associated Press y Reuters.
El Instituto Nacional de Migración mexicano, conocido por las siglas INM, confirmó a AP que la Administración estadounidense estaba enviando nacionales mexicanos a Guatemala y Honduras, principalmente desde abril. Después eran transportados en autobús al sur de México. El organismo atribuyó la ruta al propósito estadounidense de dificultar que las personas expulsadas intenten cruzar nuevamente la frontera, pero no facilitó cifras completas ni explicó cómo se seleccionan los pasajeros.
Honduras y el cambio acelerado en el patrón
Documentos oficiales hondureños consultados por AP registran la llegada de 82 mexicanos a San Pedro Sula en dos vuelos realizados el 13 y el 15 de agosto. Otros 35 tenían prevista su llegada el 20 de agosto. Human Rights First, organización que sigue los vuelos de deportación, aseguró a Reuters haber confirmado alrededor de 200 traslados de mexicanos a Honduras desde mayo, aunque las autoridades hondureñas ofrecieron respuestas contradictorias sobre su recepción.
El cambio es considerable frente a los precedentes disponibles. Arévalo señaló que Guatemala solo había recibido a 15 mexicanos mediante este procedimiento durante todo 2025. Honduras había comunicado seis casos hasta febrero de 2026 y Costa Rica había registrado once desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, según los datos recopilados por AP. Hasta ahora, la regla práctica era devolver a los nacionales mexicanos directamente a su país por tierra o avión.
México protesta, pero también financia operaciones
La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana comunicó formalmente a Washington su rechazo a la nueva práctica. El Gobierno recordó que todo ciudadano mexicano tiene derecho a entrar en su propio país y anunció que trabaja con Guatemala y Honduras para asegurar el regreso de las personas trasladadas. No indicó, sin embargo, cuántos recorridos ha financiado, cuál es el coste acumulado ni qué acuerdos administrativos regulan los viajes.
Esa doble posición —oposición diplomática y participación operativa— puede explicarse por la necesidad inmediata de recuperar a los ciudadanos una vez que Estados Unidos ha decidido desembarcarlos en Centroamérica. No demuestra por sí sola que México haya aprobado el criterio estadounidense para elegir el destino. La ausencia de textos públicos impide conocer qué compromisos asumió cada Estado y si existe un mecanismo para que los afectados cuestionen la ruta.
Qué significa deportar a un tercer país
Una deportación a un tercer país ocurre cuando una persona es enviada a un Estado del que no es ciudadana. Puede emplearse si el país de origen rechaza recibirla o si existe una protección que impide el retorno directo. En este caso, México sí reconoce el derecho de entrada de sus nacionales, por lo que especialistas citados por Reuters consideran excepcional la utilización sistemática de Guatemala y Honduras.
Andrew Selee, presidente del Migration Policy Institute, señaló que todavía no está claro si los pasajeros incluyen personas con necesidades de protección frente a México o si la ruta pretende actuar como castigo y disuasión. Esta diferencia es fundamental: un mexicano puede tener una orden de expulsión en Estados Unidos y, al mismo tiempo, contar con una resolución que prohíba enviarlo directamente a México porque allí afrontaría un riesgo individual.
Garantías frente a la devolución indirecta
Abogados migratorios temen que el tránsito centroamericano pueda utilizarse para eludir una orden judicial estadounidense. Si una persona protegida frente al retorno a México es enviada a Guatemala y desde allí trasladada inmediatamente a territorio mexicano, el resultado puede constituir una devolución indirecta. El principio internacional de no devolución —non-refoulement— impide colocar a una persona, directa o indirectamente, ante un riesgo sustancial de persecución, tortura o daño grave.
No se ha demostrado públicamente que todos, ni siquiera la mayoría, de los mexicanos transportados tuvieran protecciones de ese tipo. Arévalo afirmó que los 2.284 registrados en Guatemala no estaban bajo estatuto de asilo o refugio durante la escala. Esa información describe su situación en Guatemala, pero no aclara si alguno había planteado previamente un temor de retorno ante tribunales estadounidenses.
Falta información individual y estadística
Un deportado entrevistado por Telemundo explicó que las autoridades no le informaron con antelación de que el vuelo se dirigiría a Honduras. Su testimonio, recogido por Reuters, coincide con las advertencias de organizaciones que denuncian incertidumbre sobre el destino. No permite, por sí solo, concluir que todos los pasajeros recibieran idéntico trato, pero justifica exigir datos sobre notificación, asistencia jurídica e itinerarios.
Deben publicarse los manifiestos anonimizados, las nacionalidades, las bases legales y el número de pasajeros que alegaron riesgos en México. También hace falta aclarar cuántas personas fueron enviadas a cada país, cuántas solicitaron protección durante la escala y quién supervisó el traslado terrestre. Hasta entonces, está acreditado el desvío de miles de mexicanos y la protesta oficial de México, pero no la razón individual de cada operación.
