La nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori, inició su Gobierno con un programa centrado en combatir el crimen organizado, modernizar la Policía, acelerar grandes infraestructuras y reforzar la protección de los hogares más vulnerables. Durante su primer mensaje ante el Congreso, anunció que elevará el salario mínimo a 1.300 soles y duplicará la prestación Pensión 65, aunque todavía deberá concretar los plazos, el presupuesto y el desarrollo normativo de varias de sus promesas.
Keiko Fujimori ha comenzado su mandato presidencial en Perú presentando una hoja de ruta construida alrededor de tres grandes compromisos: recuperar el control frente al crimen organizado, reactivar la inversión mediante obras de infraestructura y ampliar las políticas sociales destinadas a reducir las brechas económicas del país.
Fujimori juró el cargo el 28 de julio de 2026 ante el Congreso de la República para el periodo constitucional 2026-2031. Con su investidura se convirtió en la primera mujer elegida mediante votación popular para ocupar la jefatura del Estado peruano. Su llegada al poder se produce después de una segunda vuelta especialmente ajustada y tras una década caracterizada por la sucesión de gobiernos, destituciones, renuncias y enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Parlamento.
El primer mensaje presidencial comenzó a las 13.18 horas y se prolongó durante aproximadamente 45 minutos. Desde la tribuna parlamentaria, la mandataria describió un país golpeado por la inseguridad, la desconfianza en las instituciones y las dificultades del Estado para prestar servicios públicos de manera eficaz. Frente a este diagnóstico, prometió introducir disciplina en la gestión pública y recuperar la capacidad operativa de las administraciones.
La seguridad, primera prioridad del Ejecutivo
La lucha contra la delincuencia ocupó una parte central del discurso. Fujimori anunció que su Gobierno buscará reforzar integralmente a la Policía Nacional mediante nuevo equipamiento, respaldo institucional, formación especializada y un proceso de modernización tecnológica.
Entre las medidas adelantadas se encuentran la creación de un sistema nacional de videovigilancia interconectado, la utilización de herramientas de inteligencia artificial para localizar y anticipar patrones delictivos y la implantación de centros de comando capaces de coordinar respuestas rápidas. El Ejecutivo pretende emplear estos instrumentos no solo contra la delincuencia común, sino también para seguir las estructuras financieras de organizaciones vinculadas con la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal.
La presidenta también anunció el fortalecimiento de las unidades de flagrancia y una reforma del sistema penitenciario. El objetivo declarado es evitar que los centros de reclusión continúen siendo utilizados para coordinar extorsiones, asesinatos por encargo y otras actividades criminales.
Una de las propuestas más sensibles será el incremento de la intervención militar en territorios declarados en estado de emergencia. Según explicó Fujimori, las Fuerzas Armadas podrán asumir temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y control del orden interno, en coordinación con la Policía Nacional, hasta que el Estado considere restablecida su autoridad.
El Gobierno solicitará, además, una delegación de facultades legislativas al Congreso para aprobar medidas urgentes contra la inseguridad y responder a posibles emergencias relacionadas con el fenómeno de El Niño. La mandataria afirmó que estas reformas deberán desarrollarse respetando la independencia del Poder Judicial, el Ministerio Público y las demás instituciones del Estado.
Carreteras, metros y corredores para conectar el país
El segundo eje del nuevo Gobierno será la infraestructura. Fujimori prometió impulsar carreteras y corredores logísticos destinados a conectar las zonas productivas con los mercados nacionales y los principales puntos de exportación.
Entre los proyectos mencionados se encuentra la culminación de la Línea 2 del Metro de Lima, una infraestructura iniciada en 2014 y afectada desde entonces por retrasos y dificultades administrativas. La presidenta también expresó su intención de avanzar en las restantes líneas de la red metropolitana y promover sistemas de transporte masivo en Arequipa, Piura y Trujillo.
La agenda incluye igualmente la Nueva Carretera Central y otros proyectos viarios orientados a mejorar la comunicación entre la costa, la sierra y la selva. El Ejecutivo sostiene que estas inversiones permitirán reducir los costes logísticos, facilitar la movilidad de los trabajadores y ofrecer nuevas oportunidades a las empresas situadas fuera de Lima.
Sin embargo, el mensaje presidencial no detalló todavía el calendario de ejecución, la fórmula de financiación ni el orden de prioridad de todas las obras anunciadas. Estas cuestiones serán determinantes para establecer qué proyectos pueden comenzar durante los primeros años del mandato y cuáles dependerán de inversión privada, endeudamiento o reasignaciones presupuestarias.
