Uno de los acuerdos de mayor alcance
El Gobierno liberiano confirmó que recibirá hasta 1.200 deportados procedentes de Estados Unidos en un plazo de doce meses. La cifra convierte el pacto en uno de los mecanismos de recepción de terceros países más amplios impulsados por la Administración de Donald Trump. La información fue publicada dentro de la ventana editorial por Associated Press, a través de NPR, y coincide con los datos facilitados por las autoridades liberianas a Reuters.
El concepto “deportación a un tercer país” describe la expulsión de una persona hacia un Estado del que no es ciudadana y con el que puede no tener vínculos familiares, culturales o residenciales. Estados Unidos recurre a esta vía cuando no puede ejecutar la devolución al país de origen, ya sea porque este se niega a recibir a su nacional, porque faltan documentos o porque existe una protección judicial contra el retorno directo.
Primer grupo y procedencias todavía imprecisas
El ministro de Información de Liberia, Jerolinmek Piah, anunció que el primer grupo estaría compuesto por 20 personas. Según las autoridades, el conjunto del programa podrá incluir nacionales de países africanos, Norteamérica, Sudamérica y el Caribe que hayan sido declarados médicamente aptos para viajar. No se han publicado sus nombres ni un desglose de nacionalidades.
El ministro de Justicia, Natu Oswald Tweh, aseguró que Liberia había examinado previamente la lista y sostuvo que la mayoría de los incluidos tenían infracciones o antecedentes relacionados con la normativa migratoria. Esa descripción no permite concluir que todos hayan sido condenados por delitos comunes: en Estados Unidos, permanecer sin autorización, incumplir determinadas condiciones migratorias o tener una orden administrativa de expulsión no equivale necesariamente a una condena penal.
La posición oficial de Liberia
Monrovia afirma que las personas trasladadas serán recibidas como “huéspedes”, podrán solicitar asilo en Liberia y tendrán la posibilidad de abandonar el país. El Ejecutivo presenta la decisión como una actuación humanitaria vinculada a la historia liberiana de acogida. También asegura que no existe un intercambio directo de deportados por dinero o concesiones políticas.
Sin embargo, el Gobierno liberiano reconoció que Estados Unidos prestará apoyo para gestionar el programa y reforzar el sistema migratorio del país, sin precisar la cuantía, la duración ni las condiciones de esa ayuda. La ausencia de un texto público completo impide conocer qué institución financiará el alojamiento, quién proporcionará asesoramiento jurídico o qué ocurrirá con quienes no deseen pedir protección en Liberia y carezcan de otro destino admisible.
Las garantías contra una devolución indirecta
Reuters señaló que muchos de los deportados enviados por Estados Unidos a terceros países han obtenido previamente protección contra el retorno a sus lugares de origen porque jueces migratorios apreciaron riesgos de tortura u otros abusos. No se ha confirmado públicamente que esa circunstancia afecte a las 20 personas del primer grupo destinado a Liberia, por lo que no debe darse por hecho sin una revisión individual.
El riesgo aparece cuando el tercer país acaba devolviendo a la persona al territorio del que Estados Unidos no podía expulsarla directamente. Esa situación se conoce como devolución indirecta o chain refoulement: una cadena de traslados que termina colocando al afectado frente al mismo peligro que justificó su protección inicial. Evitarla exige conocer el expediente, permitir acceso a abogados y garantizar que ninguna salida de Liberia se presente como voluntaria cuando en realidad esté condicionada por detención, falta de recursos o ausencia de alternativas.
Una política estadounidense cada vez más extensa
La Administración Trump ha negociado mecanismos parecidos con numerosos países. Un balance publicado por Amnistía Internacional señalaba en junio que al menos 30 Estados habían concluido acuerdos con Washington, entre ellos doce africanos. La organización cuestiona la legalidad y la transparencia del sistema, mientras que el Gobierno estadounidense defiende que las expulsiones se realizan conforme a sus competencias migratorias.
Entre los países africanos mencionados en anteriores operaciones figuran la República Centroafricana, Ghana, Sierra Leona, Camerún, Guinea Ecuatorial, Esuatini y la República Democrática del Congo. Los modelos no son idénticos: algunos contemplan una estancia temporal; otros incluyen apoyo financiero, alojamiento vigilado o vías para solicitar protección. Por eso, la experiencia de un país no permite anticipar automáticamente cómo funcionará el dispositivo liberiano.
La capacidad de acogida, bajo observación
Liberia afronta sus propios desafíos migratorios y presupuestarios. En junio, la Comisión Liberiana para Refugiados, Repatriación y Reasentamiento informó al presidente Joseph Boakai de que alrededor de 140.000 burkineses residían en dos condados del país y advirtió de la presión sobre infraestructuras y servicios locales. El dato procede de una comunicación oficial de la Presidencia liberiana.
La incorporación de hasta 1.200 personas adicionales no constituye por sí sola una cifra inmanejable, pero su atención requerirá recursos especializados: documentación, alojamiento inicial, asistencia sanitaria, intérpretes, evaluación de necesidades de protección y procedimientos de asilo. También será necesario aclarar si quienes lleguen podrán trabajar, desplazarse libremente, obtener una residencia provisional y recurrir cualquier decisión que afecte a su permanencia.
Preguntas pendientes tras el primer aterrizaje
La llegada del grupo inicial permitirá comprobar si la descripción oficial como huéspedes se traduce en libertad de movimiento y acceso efectivo a abogados. También deberá verificarse si cada persona recibió información suficiente antes de viajar, si tuvo la oportunidad de cuestionar el destino y si Liberia conocía sus posibles necesidades de protección.
La transparencia será determinante. Para evaluar el acuerdo harán falta datos periódicos sobre llegadas, solicitudes de asilo, salidas voluntarias, retornos posteriores y financiación estadounidense. Hasta que esos elementos sean públicos, puede afirmarse que el acuerdo existe y que alcanza hasta 1.200 personas, pero no que garantice por sí solo una solución estable ni segura para todos los deportados.
