Los correos descubren un canal operativo poco conocido
Estados Unidos e Irán mantuvieron una comunicación migratoria más estrecha de lo que se conocía públicamente mientras sus relaciones políticas y militares atravesaban una etapa de máxima tensión. Según los correos obtenidos por el National Iranian American Council —Consejo Nacional Iraní-Estadounidense— y analizados por Associated Press, funcionarios estadounidenses trabajaron con interlocutores iraníes para organizar tres vuelos que trasladaron a más de cien personas a Irán.
ICE son las siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, organismo dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, conocido como DHS. La agencia se ocupa, entre otras funciones, de ejecutar órdenes de expulsión. La cooperación con autoridades extranjeras para conseguir documentos de viaje forma parte de ese trabajo, pero adquiere una sensibilidad especial cuando el país de destino es precisamente el Estado al que una persona atribuye la persecución que fundamenta su solicitud de asilo.
Teherán intervino en la elaboración de las listas
Los mensajes indican que funcionarios iraníes formularon peticiones para modificar las listas de pasajeros. En una comunicación interna de agosto de 2025, un funcionario de ICE dejó constancia de que había incorporado varios casos por solicitud de la representación iraní. En otro intercambio se señalaba que Irán había pedido modificar un manifiesto y acelerar el procedimiento de expulsión, de acuerdo con la documentación revisada por AP.
Los correos no permiten determinar en todos los casos si las personas añadidas habían aceptado voluntariamente regresar o si estaban sujetas a una expulsión forzosa. También registran un error operativo: una persona iraní que no figuraba en el manifiesto definitivo remitido al Ministerio del Interior de Catar terminó embarcada en uno de los vuelos. Un funcionario estadounidense reconoció posteriormente que desconocía cómo había superado los controles.
Tres vuelos en medio de una grave tensión diplomática
La documentación se refiere a vuelos realizados en septiembre y diciembre de 2025 y enero de 2026. Catar actuó en varios momentos como intermediario y colaboró en la organización de los trayectos a través de Doha. Las comunicaciones también mencionan reuniones con una “delegación iraní” y con representantes de la sección de intereses de Irán, que funciona dentro de la Embajada de Pakistán en Washington debido a la ausencia de relaciones diplomáticas plenas.
El esfuerzo continuó incluso cuando funcionarios estadounidenses reconocían que ciudadanos iraníes estaban huyendo del país. Durante el conflicto de doce días de junio de 2025, responsables de ICE recibieron instrucciones para encontrar una vía que permitiera expulsar a 58 iraníes que tenían órdenes definitivas y permanecían bajo custodia. Los correos describían esa tarea como una prioridad de la Casa Blanca, aunque el espacio aéreo iraní estaba cerrado y Teherán no estaba expidiendo los documentos necesarios.
El punto crítico: la confidencialidad del asilo
La legislación estadounidense permite consultar con consulados y gobiernos extranjeros para verificar una identidad o conseguir documentos de viaje. Sin embargo, las normas federales de confidencialidad prohíben revelar información que permita saber que una persona ha solicitado asilo. Esa protección pretende impedir que el supuesto agente de persecución conozca la identidad, las declaraciones o los vínculos familiares del solicitante.
La cuestión ya forma parte de un procedimiento judicial. El Iranian American Legal Defense Fund sostiene que funcionarios estadounidenses entregaron a representantes iraníes información confidencial sobre disidentes, conversos cristianos, integrantes de minorías y personas vinculadas con las protestas “Mujer, Vida, Libertad”. La demanda, cuyo estado continúa abierto, solicita detener las supuestas revelaciones, identificar a los afectados y notificarles qué información habría sido compartida.
El DHS ha negado tajantemente que ICE proporcionara a Irán expedientes de asilo. En una respuesta anterior recogida por Reuters, el departamento calificó esa acusación de falsa y defendió que la agencia se limita a facilitar el acceso consular conforme a la ley. Esa negativa debe diferenciarse del contenido ahora acreditado por los correos: los mensajes confirman contactos, reuniones y coordinación de vuelos, pero no prueban por sí solos qué apartados de cada expediente fueron entregados.
Riesgos diferentes para cada persona deportada
Entre quienes pueden sufrir mayores riesgos se encuentran opositores políticos, participantes en manifestaciones, minorías religiosas y sexuales o personas que alegan haber sido perseguidas por las autoridades iraníes. Una orden de expulsión no implica necesariamente que el Gobierno estadounidense haya concluido que el país de origen es seguro: algunos migrantes pueden contar con protecciones contra la devolución directa, pero seguir siendo susceptibles de traslado a un tercer país.
Esta diferencia remite al principio de no devolución, conocido internacionalmente por el término francés non-refoulement. El principio impide enviar a alguien a un territorio donde afrontaría un riesgo sustancial de persecución, tortura u otros daños graves. Para aplicarlo correctamente se necesita una evaluación individual; no basta con presumir que todas las personas de una misma nacionalidad se encuentran en idénticas circunstancias.
Qué está comprobado y qué permanece en disputa
Está documentada la existencia de más de cien expulsiones, la celebración de tres vuelos, la mediación catarí y la intervención iraní en determinadas modificaciones de los manifiestos. También consta que al menos una persona fue embarcada pese a no figurar en la lista definitiva. No se ha establecido públicamente la identidad completa de los pasajeros ni cuántos tenían solicitudes de asilo activas, protecciones judiciales o alegaciones específicas de persecución.
Tampoco existe todavía una resolución judicial definitiva sobre la supuesta entrega de información confidencial. Por ello, el alcance legal de la coordinación deberá determinarse mediante el procedimiento abierto y la revisión completa de los documentos. Las próximas decisiones judiciales serán relevantes para saber si la cooperación administrativa sobrepasó los límites que protegen a quienes solicitan refugio frente a su propio Gobierno.
