Un informe presentado el 4 de agosto
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, presentó Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica a las 10:30 del 4 de agosto, hora chilena. El acontecimiento y la publicación del informe ocurrieron ese martes; el anuncio institucional previo fija el horario, el lugar y los participantes.
La presentación tuvo lugar en la sede de la CEPAL en Santiago y estuvo encabezada por su secretario ejecutivo, José Manuel Salazar-Xirinachs, y los copresidentes de la comisión: la expresidenta chilena Michelle Bachelet y el expresidente colombiano Iván Duque. Posteriormente se programó una comparecencia para explicar exclusivamente el contenido del documento.
El informe es el resultado de unos 18 meses de trabajo, tres reuniones presenciales y varios encuentros virtuales. La comisión es independiente, plural y ad honorem: sus integrantes no actuaron como delegados de sus gobiernos, sino a título personal.
Trece integrantes procedentes de doce países
El grupo reúne a 13 figuras de 12 países. Además de Bachelet y Duque, incluye al exresponsable de política exterior de la Unión Europea Josep Borrell; la primera ministra de Barbados, Mia Mottley; el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí; y el presidente del banco brasileño BNDES, Aloizio Mercadante.
Participaron asimismo especialistas y antiguos funcionarios de China, Estados Unidos, Alemania, India, Camerún y Trinidad y Tobago. La composición pretende incorporar perspectivas de economías avanzadas, potencias emergentes, países caribeños y regiones del llamado Sur Global.
El trabajo contó con el respaldo político del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y de la vicesecretaria general, Amina Mohammed, además de una secretaría técnica de la CEPAL. Ese apoyo no convierte sus conclusiones en obligaciones para los Estados: el documento formula recomendaciones y cada Gobierno decidirá si las adopta.
Salazar-Xirinachs explicó los mensajes centrales en un artículo publicado el 4 de agosto. El autor sostiene que el valor del documento reside también en que participantes con orientaciones políticas y trayectorias diferentes alcanzaron un diagnóstico común.
Un mundo marcado por la rivalidad
La comisión parte de que el orden internacional ya no funciona como durante el periodo de predominio estadounidense posterior a la Guerra Fría. El ascenso económico y tecnológico de China, el mayor peso del Sur Global, los conflictos armados y la competencia por cadenas de suministro han dispersado el poder.
Las relaciones económicas son utilizadas cada vez más como instrumentos de presión. Aranceles, sanciones, restricciones tecnológicas, control de inversiones, financiación de infraestructura y acceso a minerales forman parte de la política exterior. Decisiones que antes se presentaban como estrictamente comerciales adquieren así consecuencias estratégicas y de seguridad.
América Latina mantiene vínculos profundos con Estados Unidos, China y Europa. Estados Unidos continúa siendo socio principal para México, Centroamérica y buena parte del Caribe; China ocupa una posición central en el comercio de materias primas y en la financiación de infraestructura sudamericana. La Unión Europea conserva inversiones, cooperación y acuerdos regulatorios relevantes.
El informe no propone sustituir una dependencia por otra. Recomienda ampliar opciones, evitar alineamientos automáticos y diversificar las relaciones. Esta estrategia exige distinguir entre neutralidad pasiva y autonomía: un país puede cooperar con varias potencias si define previamente sus intereses, posee información técnica y conserva capacidad negociadora.
Coaliciones flexibles en lugar de unanimidad
La recomendación más concreta consiste en abandonar la idea de que toda cooperación regional necesita el consenso político de todos los países. Las diferencias ideológicas han paralizado repetidamente organismos latinoamericanos y provocado que cada cambio de Gobierno reabra discusiones institucionales ya resueltas.
La comisión plantea coaliciones flexibles de Estados interesados en problemas específicos. Un grupo podría coordinar políticas sobre minerales críticos; otro, posiciones internacionales sobre biodiversidad o agua; y un tercero, proyectos de transporte, energía o facilitación comercial. Los participantes no tendrían que coincidir en toda la agenda exterior.
Este método se parece a una integración de geometría variable: cada iniciativa reúne a quienes poseen interés, capacidad y voluntad para ejecutarla. Permite comenzar con acuerdos limitados, medir resultados y aceptar nuevos miembros posteriormente, sin esperar una arquitectura regional perfecta.
La flexibilidad también entraña riesgos. Los acuerdos pueden fragmentar normas, duplicar instituciones o favorecer al país con más capacidad financiera. Para evitarlos se necesitan objetivos públicos, reglas de entrada, financiación transparente y mecanismos para evaluar beneficios y costes.
Recursos estratégicos y valor agregado
América Latina y el Caribe posee cobre, litio, níquel, grafito, hidrocarburos, biodiversidad, agua dulce y una elevada proporción de generación eléctrica renovable. Estos activos son indispensables para baterías, redes eléctricas, semiconductores, agricultura, industria farmacéutica y transición energética.
Negociar por separado reduce la capacidad de exigir inversión, transferencia tecnológica y estándares ambientales. Una coordinación regional podría mejorar la información sobre reservas, anticipar cambios de demanda y evitar que los países compitan únicamente mediante impuestos bajos o controles más débiles.
La posesión de minerales no garantiza desarrollo. Exportar concentrados sin procesamiento conserva escaso valor local y expone las economías a oscilaciones de precios. Traducir las recomendaciones en política exigiría formación técnica, investigación, proveedores industriales, infraestructura energética y normas previsibles.
La biodiversidad presenta una dificultad adicional: su importancia internacional puede generar financiación para conservar ecosistemas, pero también disputas sobre conocimientos tradicionales, patentes y reparto de beneficios. El informe propone coordinar posiciones en negociaciones multilaterales, no convertir la naturaleza en un activo disponible sin límites.
Infraestructura, comercio y capacidades estatales
La integración física continúa siendo insuficiente. Carreteras, ferrocarriles, puertos, interconexiones eléctricas y redes digitales se diseñan frecuentemente con perspectiva nacional, pese a que su rentabilidad depende de corredores regionales. Las coaliciones flexibles podrían priorizar proyectos capaces de reducir costes logísticos y conectar territorios interiores.
La facilitación comercial comprende procedimientos aduaneros compatibles, documentos digitales, controles sanitarios coordinados y reconocimiento mutuo de determinadas certificaciones. Estas medidas reciben menos atención que los grandes tratados, pero pueden reducir tiempos y costes sin exigir una unión política.
El informe también reclama fortalecer la capacidad de análisis geopolítico. Los Estados necesitan equipos que relacionen comercio, tecnología, seguridad, clima y financiación. Si cada ministerio examina únicamente su sector, el Gobierno puede aceptar inversiones o compromisos internacionales sin medir sus efectos acumulados.
Las instituciones fuertes son una condición central. Diversificar alianzas no funciona si los contratos son opacos, los reguladores carecen de independencia o los proyectos cambian con cada administración. La autonomía internacional depende en parte de la capacidad interna para diseñar, negociar y cumplir políticas.
Multilateralismo sin ingenuidad
La comisión reafirma la utilidad de un sistema internacional basado en reglas. Para economías medianas y pequeñas, los mecanismos multilaterales permiten cuestionar medidas comerciales, negociar estándares y formar alianzas que compensen su menor poder frente a las grandes potencias.
El documento no ignora que las normas se aplican de manera desigual ni que no todos los países pueden mantener autonomía sobre todos los asuntos. Salazar-Xirinachs describe la propuesta como una combinación de realismo y posibilidad: ampliar el margen de decisión donde resulte viable, sin asumir que la región puede aislarse de la competencia global.
La prueba no será el respaldo discursivo al informe, sino la creación de proyectos con responsables, presupuesto y calendario. Los primeros indicadores serían posiciones coordinadas en foros internacionales, nueva infraestructura compartida, normas comerciales compatibles y acuerdos sobre cadenas de valor estratégicas.
La presentación del 4 de agosto no crea un organismo ni un tratado. Ofrece una hoja de ruta para superar la parálisis del “todo o nada”. Su tesis es que América Latina y el Caribe no necesita una identidad política uniforme para cooperar, pero sí instituciones capaces de convertir sus recursos y diversidad en influencia negociadora.
