Durante la jornada del sábado en Lima, cerca de cien personas fueron detenidas en medio de las protestas organizadas contra la presidenta interina del país, Dina Boluarte, coincidiendo con las Fiestas Patrias y el desarrollo de un desfile militar en la capital.
Por su parte, el abogado José Balarazo ha denunciado que los detenidos son oriundos tanto de Lima como de diversas regiones del país, como Moquegua, Puno, Arequipa y Chiclayo. Muchos de ellos se encuentran recluidos en comisarías como Petit Thouars, Alfonso Ugarte y Cotabambas. Sin embargo, gracias al trabajo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, algunos de los detenidos han sido liberados.
Balarazo ha destacado que la represión se ha dirigido específicamente contra líderes de las protestas, como parte de una estrategia de criminalización de la movilización. Se ha reportado que representantes del Poder Judicial y cuerpos de seguridad han realizado visitas a las viviendas de los detenidos junto a supuestos fiscales y policías, acusándolos de cargos arbitrarios relacionados con la fabricación de proyectiles más cohetes, para amedrentar a las familias, así lo han reseñado medios internacionales.
Se ha hecho un llamado a la liberación inmediata de los detenidos y al respeto de los Derechos Humanos, ya que las denuncias presentadas carecen de fundamentos. Algunos de los manifestantes detenidos han sido hospitalizados, habiendo sido víctimas de disparos, incluso en áreas sensibles como los genitales, y otros han sido afectados por bombas lacrimógenas lanzadas en la Plaza Dos de Mayo.
Asimismo, un grupo de manifestantes se congregó frente a la sede de la División de Asuntos Sociales en Lima, exigiendo la liberación del periodista, docente universitario y documentalista Kenty Aguirre, así como del dirigente de la Coordinadora de Organizaciones Vecinales de Lima Norte, Raúl Tinco, ambos detenidos el viernes.
