La reforma concluyó así su paso ordinario por el Congreso, pero todavía debe atravesar el veto anunciado por el Ejecutivo, el control constitucional y la promulgación.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, presentó la aprobación como el comienzo de una nueva etapa de crecimiento, inversión y emprendimiento. La afirmación expresa el objetivo político del Gobierno; no demuestra que la reforma vaya a producir automáticamente esos resultados. Los efectos dependerán de la inversión efectiva, el empleo, la recaudación y la estabilidad de las reglas.
El proyecto, denominado Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, es la iniciativa económica central de Kast desde su llegada al poder en marzo. Su extensión explica el apodo de “megarreforma”: modifica 36 leyes y 15 decretos y reúne medidas tributarias, laborales, inmobiliarias, ambientales, financieras y de reconstrucción.
El impuesto corporativo bajará al 23%
La disposición más importante reduce gradualmente el impuesto de primera categoría —la tasa aplicada a las utilidades empresariales— desde el 27% hasta el 23% en 2029. El Gobierno sostiene que acercar la carga a la de economías competidoras elevará el rendimiento esperado de nuevos proyectos y ayudará a recuperar la inversión.
La rebaja había sido aprobada en julio por 26 votos contra 24 en el Senado. El estrecho margen permitió que el proyecto avanzara, pero evidenció que las principales reglas tributarias carecen de un consenso político amplio.
Una tasa menor puede dejar más recursos dentro de las empresas para ampliar capacidad o contratar personal. También reduce ingresos públicos si el crecimiento adicional, la formalización y otras medidas no compensan la pérdida inicial. La magnitud final dependerá de la base imponible, las exenciones, el comportamiento empresarial y el ciclo económico.
Los críticos señalan que no existe garantía de que el ahorro tributario se convierta en inversión dentro de Chile. Las empresas pueden distribuir dividendos, pagar deuda o invertir en otros países. Por eso el impacto deberá evaluarse mediante formación de capital, proyectos aprobados, empleo formal y recaudación, no solo mediante anuncios.
Vivienda, empleo y capitales
El paquete incluye una exención temporal del impuesto sobre el valor añadido para determinadas viviendas nuevas y beneficios dirigidos a propietarios mayores de 65 años. La intención es reactivar la construcción, aliviar cargas sobre la primera vivienda y movilizar un sector que genera empleo, pero los beneficios dependerán de requisitos, precios y disponibilidad de crédito.
También incorpora incentivos para el empleo formal y una ventana tributaria para repatriar capitales mantenidos en el exterior. La repatriación puede ampliar la base de inversión y regularizar activos, aunque exige controles contra el blanqueo y la evasión. Declarar recursos no debe servir para ocultar su origen ni sustituir investigaciones financieras.
La reforma contempla apoyo para zonas afectadas por incendios. Vincular reconstrucción y estímulo económico permite financiar vivienda e infraestructura, pero mezcla gastos urgentes con transformaciones tributarias permanentes. Esa combinación fue una de las razones por las que la discusión legislativa abarcó tantos asuntos diferentes.
En educación superior, versiones aprobadas durante la tramitación establecieron restricciones para que nuevas instituciones ingresen al sistema de gratuidad. La medida pretende limitar compromisos fiscales, pero sus críticos advierten que puede consolidar diferencias entre centros y estudiantes. Su aplicación dependerá de la redacción promulgada y de eventuales impugnaciones.
Inversión y permisos ambientales
Otro eje busca acelerar los procedimientos ambientales y proporcionar mayor estabilidad tributaria a proyectos de gran escala. La incertidumbre sobre permisos, litigios y cambios normativos es uno de los factores que las empresas consideran antes de comprometer capital durante décadas, especialmente en minería, energía e infraestructura.
La reforma incluye periodos de invariabilidad tributaria cuya duración aumenta según la dimensión de la inversión. Este mecanismo promete que determinados impuestos no cambiarán durante un plazo definido. Para los inversores reduce el riesgo regulatorio; para futuros gobiernos limita el margen de modificar la política fiscal.
También se incorporó un mecanismo de compensación para proyectos cuya resolución ambiental sea posteriormente anulada. Sus defensores creen que protege inversiones realizadas de buena fe. La oposición sostiene que podría transferir al Estado parte del riesgo empresarial e introducir presión económica sobre autoridades y tribunales ambientales.
El Tribunal Constitucional estudia reclamaciones contra las reglas sobre permisos, compensación, estabilidad tributaria y traslado de concesiones acuícolas. El examen no implica que las normas sean inconstitucionales: el tribunal deberá determinar si respetan las atribuciones del Congreso, el Ejecutivo y los órganos encargados de proteger el medio ambiente.
Un veto que retrasa la promulgación
Quiroz confirmó que el Gobierno utilizará un veto para retirar artículos introducidos durante el debate. Entre ellos aparecen un “derecho financiero al olvido”, reglas sobre el cobro de intereses sobre intereses y modificaciones al plazo de 30 días para pagar a pequeñas empresas.
El derecho financiero al olvido busca limitar durante cuánto tiempo determinadas deudas o antecedentes afectan el acceso al crédito. La capitalización de intereses determina si los intereses vencidos generan a su vez nuevos intereses. El plazo de pago protege la liquidez de proveedores pequeños frente a clientes con mayor poder de negociación. Son materias sustantivas, no simples correcciones formales.
Un veto presidencial debe volver al Congreso y puede abrir nuevas votaciones. Reuters no informó de un calendario cerrado, por lo que no es posible asegurar cuándo quedará lista la redacción final. Algunas disposiciones no controvertidas podrían promulgarse separadamente, pero esa opción tampoco había sido confirmada al cierre de esta edición.
La combinación de veto y control constitucional significa que “aprobada por el Congreso” no equivale todavía a “plenamente vigente”. Empresas, contribuyentes y organismos públicos deberán esperar el texto promulgado y las normas administrativas que desarrollen sus procedimientos.
Crecimiento frente a coste fiscal
Kast prometió elevar el crecimiento anual hacia el 4% y reducir el desempleo. Associated Press informó durante la fase final de la tramitación que la economía había retrocedido un 0,5% al comenzar 2026 y el desempleo alcanzaba el 9,4%, un contexto que explica la urgencia concedida al proyecto.
Una reforma tributaria puede modificar incentivos, pero no controla el precio del cobre, la demanda china, los tipos de interés ni los conflictos externos. Chile depende fuertemente de la minería y necesita además energía, agua, redes de transporte, personal cualificado y permisos previsibles para transformar ventajas fiscales en proyectos productivos.
La oposición considera que la rebaja beneficia en mayor medida a las grandes compañías y puede debilitar la capacidad del Estado para financiar servicios. El Gobierno responde que una base económica más dinámica terminará aumentando la recaudación. Ambas tesis deberán contrastarse con datos posteriores; ninguna queda demostrada por la aprobación legislativa.
La estabilidad se convierte en la prueba central
El analista Mariano Machado, de Verisk Maplecroft, describió la reforma como una prueba de credibilidad para Chile. Las empresas valoran los incentivos, pero también que sobrevivan a impugnaciones, elecciones y cambios de Gobierno. Una norma generosa pero reversible puede influir menos que una regla moderada respaldada por acuerdos duraderos.
Los próximos hitos serán el contenido exacto del veto, la decisión del Tribunal Constitucional, la promulgación y los reglamentos. Después deberán observarse la inversión privada, los permisos, el empleo formal, la construcción y la recaudación efectiva.
El Gobierno consiguió que su principal proyecto económico completara el recorrido parlamentario, un logro significativo al carecer de una mayoría holgada. Sin embargo, la estrechez de algunas votaciones y los procedimientos todavía pendientes impiden presentar el paquete como una transformación ya desplegada. Su primera prueba será jurídica; la económica tardará varios años.
