Este lunes, 10 de marzo de 2025, el Tribunal Supremo ha llevado a cabo una vista pública para examinar los recursos interpuestos por el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. Estos recursos buscan revertir la decisión del juez instructor Pablo Llarena, quien en septiembre de 2024 rechazó aplicarles la amnistía contemplada en la Ley de Amnistía de 2024.
La mencionada ley, promulgada con el propósito de "hacer borrón y cuenta nueva" respecto a los hechos relacionados con el proceso independentista catalán de 2017, ha sido objeto de interpretaciones diversas en su aplicación. El juez Llarena argumentó que la amnistía no es aplicable en casos de malversación cuando existe un "propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial", criterio que, según él, se cumple en el caso de Puigdemont y los exconsellers.
La vista, solicitada por Puigdemont, contó con la intervención de las defensas, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox. La resolución que adopte la Sala de lo Penal será crucial para el futuro judicial de los implicados y podría establecer un precedente sobre la aplicación de la amnistía a otros procesados en situaciones similares.
Es importante destacar que, previamente, la Sala de lo Penal del Supremo elevó una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, expresando dudas sobre ciertos aspectos de la Ley de Amnistía. En caso de que el Supremo desestime los recursos actuales, Puigdemont, Comín y Puig podrían recurrir al Tribunal Constitucional, que ya ha admitido a trámite recursos de amparo de otros condenados por el 'procés' a quienes no se les aplicó la amnistía.
La decisión final del Tribunal Supremo en este caso será determinante para clarificar el alcance y las limitaciones de la Ley de Amnistía de 2024, especialmente en lo que respecta a delitos asociados al proceso independentista catalán.
