En un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, Rubio afirmó:
“Maduro is NOT the President of Venezuela and his regime is NOT the legitimate government. Maduro is the head of the Cartel of the Suns, a narco‑terror organization which has taken possession of a country. And he is under indictment for pushing drugs into the United States.”
Con ello, reafirma la posición de EE. UU. de no reconocer la legitimidad del gobierno venezolano tras las elecciones de julio de 2024, y describe explícitamente la estructura estatal de Venezuela como una organización criminal transnacional.
El Cartel de los Soles —una organización vinculada a altos mandos militares venezolanos— fue designado recientemente por EE. UU. como organización terrorista extranjera por su apoyo a grupos como Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa.
Maduro fue acusado formalmente en 2020 por narcotráfico por introducir cocaína en territorio estadounidense y continúa siendo objeto de recompensas por su arresto.
La declaración coincide con el primer aniversario de las disputadas elecciones presidenciales de Venezuela realizadas en julio de 2024. A pesar del reconocimiento internacional de otras figuras opositoras, EEUU insiste en considerar los comicios fraudulentos y rechaza la continuidad de Maduro como presidente legítimo.
Esta postura se alinea con decisiones recientes de la administración Trump, incluyendo la revocación previa de licencias a empresas como Chevron y sanciones a altos funcionarios de Maduro. Aunque se reemitió una nueva licencia de operación petrolera en Venezuela, el Estado afirma que no se canalizará apoyo económico al régimen venezolano.
También ha supervisado la incautación de activos del gobierno venezolano como parte de la presión.—Ejemplo: un avión presidencial incautado en República Dominicana bajo criterios de sanciones y lavado de dinero.
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Internacionalmente: la retórica reforzada por parte de EE. UU. intensifica el aislamiento del régimen chavista.
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Legalmente: reafirma las causas judiciales contra Maduro y su entorno, ampliando la presión sobre posibles sanciones futuras.
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Políticamente: apunta a consolidar una narrativa clara sobre la ilegitimidad del gobierno y fortalecer la agenda internacional hacia una transición democrática.
