En una entrevista concedida a Die Welt, Meinl‑Reisinger defendió que “la neutralidad por sí sola no nos protege” y que Austria debe abrir un “debate nacional sobre nuestra política de seguridad y la OTAN”, considerando el comportamiento cada vez más agresivo de Rusia.
Afirmó que, aunque actualmente no existe una mayoría política ni social para la adhesión, iniciar esa conversación es urgente y constructivo.
La neutralidad permanente fue proclamada en 1955 tras el Tratado de Estado Austriaco y fue incorporada en la Constitución, prohibiendo a Austria unirse a alianzas militares o permitir bases extranjeras en su territorio.
Pese a ello, Austria ha participado desde 1995 en el programa Partnership for Peace de la OTAN y en misiones de paz de la UE y la ONU, lo que marca un giro en su interpretación tradicional de neutralidad.
El debate nacional se intensifica tras la invasión de Ucrania por Rusia y el ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN en 2023 y 2024 respectivamente. Austria —rodeada por países miembros del pacto atlántico como Eslovaquia, Chequia, Hungría y Eslovenia— se posiciona como una excepción estratégica en Europa central.
Austria ha fijado metas para aumentar su gasto militar al 1,5 % del PIB en 2027 y al 2 % para 2032, aunque aún por debajo de los estándares exigidos a aliados de la OTAN.
La ministra subrayó que neutralidad no implica inacción, enfatizando la participación activa en la defensa europea y el uso del fondo de préstamos por €150 mil millones para armamento promovido por la UE.
Actualmente, ni el parlamento ni la opinión pública muestran mayorías a favor, con solo un 21 % de austríacos apoyando una adhesión según encuestas de 2023, mientras que un 61 % se opone.
Un cambio efectivo requeriría una reforma constitucional, lo cual representa un desafío político significativo.
La reevaluación de la neutralidad podría generar tensiones diplomáticas dentro de la UE y con Rusia, además de abrir un profundo debate nacional sobre la identidad histórica y la política de seguridad del país.