Dos nuevos tipos sustituyen al gravamen provisional
Los aranceles entraron en vigor a las 00:01 del viernes en la costa este estadounidense, las 06:01 en la España peninsular. En ese mismo momento expiró el gravamen global provisional del 10 % que Washington había aplicado durante 150 días.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos —USTR, por sus siglas en inglés— estableció dos grupos. El primero soportará un arancel adicional del 10 % y comprende economías que, según Washington, cuentan con alguna prohibición contra las importaciones producidas mediante trabajo forzoso o han asumido compromisos equivalentes. El segundo queda sujeto al 12,5 %.
Entre los territorios incluidos en el grupo del 10 % figuran Argentina, Bangladesh, Reino Unido, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka y Trinidad y Tobago.
La Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza quedan sometidos a combinaciones entre el nuevo gravamen y sus aranceles de nación más favorecida hasta alcanzar tipos totales del 10 % o el 12,5 %. Los otros 38 socios investigados, entre ellos China, Vietnam y Australia, reciben el tipo adicional del 12,5 %.
La Casa Blanca recurre a la sección 301
La base jurídica elegida es la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Esta norma permite investigar y responder a prácticas extranjeras consideradas injustificables, discriminatorias o perjudiciales para el comercio estadounidense.
USTR abrió 60 investigaciones el 12 de marzo, celebró audiencias públicas los días 28 y 29 de abril y concluyó el 2 de junio que las políticas de los territorios examinados constituían una carga para Estados Unidos. La decisión definitiva fue anunciada el 23 de julio y comenzó a aplicarse horas después.
La Administración sostiene que Estados Unidos prohíbe desde hace casi un siglo la entrada de bienes producidos mediante trabajo forzoso y aplica esa restricción con más rigor que otros países. El representante comercial, Jamieson Greer, presentó los gravámenes como una respuesta simultánea a una vulneración de derechos humanos y a una distorsión de la competencia.
La decisión también reconstruye una parte esencial de la política arancelaria de Trump después de que el Tribunal Supremo invalidara en febrero los denominados aranceles recíprocos, que oscilaban entre el 10 % y el 50 %. Aquellos gravámenes se habían basado en una ley de poderes económicos de emergencia. La sección 301 cuenta con antecedentes judiciales más consolidados, aunque las nuevas medidas también podrían ser impugnadas.
El gravamen alcanza casi todas las importaciones
Las economías afectadas originan el 99,4 % de las importaciones estadounidenses, pero esa cifra no significa que el arancel se aplique al mismo porcentaje de mercancías. Washington estableció numerosas exclusiones por productos y por acuerdos comerciales.
Quedan fuera el petróleo y el gas, los fertilizantes, determinados alimentos, los minerales críticos, las aeronaves y sus piezas. También se excluyen productos que ya soportan gravámenes de seguridad nacional bajo la sección 232, entre ellos automóviles, acero, aluminio y cobre.
Las mercancías que cumplan las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá —T-MEC— quedan igualmente exentas. La excepción responde a la integración de las cadenas productivas norteamericanas y al elevado contenido estadounidense de numerosos productos fabricados en Canadá o México.
Los bienes que ya estaban en tránsito cuando entraron en vigor los aranceles podrán acceder temporalmente sin el nuevo recargo, siempre que entren antes de las 00:01 del 28 de julio. El listado oficial incorporó además 471 productos a las exclusiones respecto de la propuesta inicial.
La Unión Europea y otros socios rechazan la justificación
La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, afirmó que los aranceles habían causado sorpresa y que la explicación estadounidense no tenía sentido. Señaló que la Unión Europea dispone de vacaciones pagadas y normas laborales que, a su juicio, desmienten la acusación de laxitud generalizada.
Australia y Brasil calificaron los gravámenes de injustificados y anunciaron gestiones para lograr su retirada. Noruega aseguró que no existía fundamento para aplicárselos. Canadá, que ya afronta otros aranceles estadounidenses sobre bienes valorados en unos 20.000 millones de dólares, respondió que continuaría negociando.
La reacción europea refleja una discrepancia sobre el método. Aunque numerosos países comparten el objetivo de erradicar el trabajo forzoso, cuestionan que una tarifa general sobre casi todas sus exportaciones sea una medida proporcionada o vinculada a productos concretos.
Associated Press señaló que algunos defensores de los derechos laborales también albergan dudas sobre los gravámenes indiscriminados, aunque reconocen que pueden aumentar la presión para crear controles de importación.
Efectos sobre empresas, precios y cadenas de suministro
El arancel es cobrado al importador estadounidense cuando la mercancía entra en el país. La empresa puede asumir el coste, trasladarlo total o parcialmente al consumidor, renegociar con su proveedor o buscar otro origen. La repercusión final dependerá del margen comercial y de la disponibilidad de productos alternativos.
Los acuerdos que establecen topes arancelarios podrían limitar el impacto para algunos socios. La Administración asegura que los países con pactos previos no superarán esos límites. Para otros exportadores, la diferencia entre el 10 % y el 12,5 % puede modificar su competitividad frente a rivales que venden productos semejantes.
China constituye un caso particular. Antes de la entrada en vigor, su tipo adicional había descendido al 10 %, sin contar los aranceles del 25 % sobre determinados bienes industriales heredados del primer mandato de Trump. Washington pretende reconstruir gradualmente un nivel del 20 % acordado durante la tregua comercial alcanzada con Xi Jinping en noviembre de 2025.
Los nuevos gravámenes conservan, en la práctica, un suelo arancelario casi universal inmediatamente después de expirar la medida provisional. Esa coincidencia alimenta las acusaciones de que el trabajo forzoso funciona como una nueva justificación jurídica para mantener la política anterior. La Administración niega que sea una simple sustitución y sostiene que las investigaciones comenzaron meses antes.
La evolución dependerá de eventuales recursos judiciales, negociaciones bilaterales y represalias. También habrá que comprobar si los países modifican sus sistemas de control del trabajo forzoso y si Washington reduce los tipos cuando considere cumplidas sus exigencias. Hasta entonces, las tasas afectan a una parte central del comercio internacional y abren otro periodo de incertidumbre regulatoria.
