La utilización de adolescentes por organizaciones criminales y la preocupación social por determinados delitos violentos están favoreciendo reformas que rebajan la edad penal, endurecen las condenas y acercan a los menores al sistema penitenciario de los adultos. Suecia, Italia y Argentina encabezan un movimiento promovido principalmente por gobiernos y partidos de derecha radical, aunque algunas de sus propuestas comienzan a recibir el apoyo de fuerzas políticas tradicionales.
El modelo de justicia juvenil basado en la educación, la reinserción y la consideración especial de la edad está perdiendo terreno frente a una respuesta cada vez más punitiva. En varios países europeos y latinoamericanos, los gobiernos plantean que los adolescentes implicados en delitos graves deben asumir consecuencias más próximas a las previstas para los adultos, especialmente cuando participan en asesinatos, secuestros, ataques con armas o actividades vinculadas al crimen organizado.
La ultraderecha ha actuado como uno de los principales motores políticos de este cambio. Sin embargo, el endurecimiento ya no es una propuesta exclusiva de esas formaciones. Partidos conservadores, liberales y algunos sectores socialdemócratas están incorporando medidas similares ante el temor de aparecer débiles frente a la delincuencia juvenil.
Suecia rebajará la edad penal para delitos graves
Suecia se ha convertido en el principal laboratorio europeo de esta transformación. La edad general de responsabilidad penal está actualmente fijada en los 15 años, pero el Gobierno presentó el 2 de julio de 2026 una propuesta para rebajarla a 14 cuando se trate de delitos graves. El proyecto también reduce de manera considerable las rebajas de condena aplicables por razón de edad.
El Ejecutivo había defendido inicialmente que determinados menores pudieran ser responsabilizados penalmente desde los 13 años. La propuesta fue retirada el 11 de junio después de comprobar que no reunía suficiente apoyo parlamentario. El Gobierno de centroderecha anunció entonces que reformularía el proyecto para establecer el límite en los 14 años.
La reforma responde al crecimiento de la participación de menores en redes criminales. Las autoridades suecas sostienen que algunas bandas reclutan deliberadamente a niños y adolescentes para transportar armas, colocar explosivos o ejecutar ataques, aprovechando que quienes no han cumplido 15 años no pueden recibir una condena penal. Suecia ha registrado durante la última década un aumento de los tiroteos y atentados vinculados a enfrentamientos entre organizaciones criminales.
El endurecimiento sueco va más allá de la edad penal. El Parlamento aprobó el 6 de mayo que los adolescentes de entre 15 y 17 años puedan ser enviados a prisión cuando el tribunal considere inevitable imponer una pena privativa de libertad. Hasta ahora, estos jóvenes cumplían habitualmente sus medidas en centros juveniles gestionados fuera del sistema penitenciario ordinario.
Las autoridades aseguran que las nuevas unidades mantendrán a los menores separados de los adultos. No obstante, el cambio supone que adolescentes condenados por delitos especialmente graves quedarán bajo la responsabilidad de la administración penitenciaria y no exclusivamente de los servicios especializados en protección y tratamiento juvenil.
El Gobierno del primer ministro Ulf Kristersson depende del apoyo parlamentario de los Demócratas Suecos, una formación de derecha radical que ha situado el endurecimiento penal y migratorio entre sus principales prioridades. La presión de este partido ha contribuido a desplazar el debate, aunque la propuesta de fijar la edad en 14 años también podría obtener apoyos fuera del bloque gubernamental.
Italia presume la responsabilidad desde los 14 años
Italia avanza en una dirección diferente, pero igualmente significativa. El Gobierno de Giorgia Meloni aprobó en julio un proyecto que mantiene en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal, pero modifica la manera de valorar la madurez del acusado.
Actualmente, los tribunales deben examinar si un adolescente de entre 14 y 17 años comprendía el significado y las consecuencias de sus actos. La reforma introduce una presunción inicial de capacidad penal: se considerará que el menor era consciente de sus acciones salvo que la defensa consiga acreditar lo contrario.
La modificación no aumenta automáticamente las condenas ni rebaja la edad mínima, pero traslada a la defensa una parte esencial de la carga argumentativa. Para las organizaciones de infancia, este cambio puede reducir el peso que tienen el desarrollo emocional, el entorno familiar, la situación educativa y las posibles vulnerabilidades del adolescente durante el procedimiento judicial.
El Gobierno italiano presenta la reforma como una medida de responsabilidad. Sus críticos sostienen, en cambio, que convierte la madurez penal en una presunción general y aproxima el proceso juvenil al sistema aplicado a los adultos, pese a que la situación personal y la capacidad de discernimiento pueden variar considerablemente entre adolescentes de la misma edad.
Francia refuerza la autoridad de los tribunales
Francia aprobó en junio de 2025 una ley destinada expresamente a reforzar la autoridad de la justicia frente a los menores delincuentes y sus padres. La norma permite acelerar determinados procedimientos, amplía las responsabilidades familiares y facilita una respuesta más severa ante casos de reincidencia o delitos graves.
La legislación francesa mantiene una jurisdicción especializada, pero permite que los tribunales excluyan en determinadas circunstancias la reducción de pena asociada a la minoría de edad. Esa decisión debe estar motivada y atender tanto a la gravedad del delito como a la personalidad y evolución del acusado.
Aunque la reforma no fue aprobada por un Gobierno de ultraderecha, recoge planteamientos que durante años fueron defendidos por Agrupación Nacional. El caso francés muestra cómo algunas propuestas originadas en la derecha radical terminan siendo asumidas, total o parcialmente, por fuerzas políticas situadas en el centro del sistema.
Argentina reduce la edad de 16 a 14 años
El cambio también avanza en América Latina. El Congreso argentino aprobó el 27 de febrero de 2026 un nuevo régimen penal juvenil que reduce de 16 a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal. La reforma fue impulsada por el Gobierno de Javier Milei y respaldada definitivamente por el Senado después de haber superado la Cámara de Diputados.
El nuevo sistema sustituye una normativa procedente de la última dictadura militar y establece procedimientos específicos para adolescentes. También contempla medidas educativas y alternativas al internamiento para determinados delitos, pero permite imponer penas privativas de libertad a jóvenes desde los 14 años.
UNICEF Argentina reconoció la necesidad de reemplazar el régimen anterior por una legislación moderna y especializada. Sin embargo, pidió que la privación de libertad sea utilizada únicamente como último recurso, que se prioricen las medidas no carcelarias y que el objetivo principal continúe siendo la reintegración social del menor.
Las advertencias de Naciones Unidas
El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas recomienda que los Estados no establezcan la edad mínima de responsabilidad penal por debajo de los 14 años. También considera que los menores de 18 años deben permanecer dentro de un sistema especializado, con procedimientos, profesionales y centros diferentes de los utilizados para los adultos.
Las normas internacionales no impiden que un menor responda por un delito grave. Exigen, sin embargo, que la respuesta tenga en cuenta su desarrollo, su capacidad para comprender las consecuencias de sus actos y sus posibilidades de reinserción. La detención debe aplicarse durante el menor tiempo posible y después de haber valorado medidas educativas, terapéuticas o comunitarias.
Las organizaciones dedicadas a la protección de la infancia advierten de que una pena más temprana no elimina las condiciones que permiten a las bandas reclutar menores. El abandono escolar, la exclusión social, la violencia familiar, los problemas de salud mental y la ausencia de alternativas económicas continúan actuando como factores de vulnerabilidad.
También existe el riesgo de que el ingreso en instituciones penitenciarias refuerce los vínculos del adolescente con entornos criminales. Por ello, los especialistas defienden que la respuesta judicial debe acompañarse de prevención, educación, apoyo familiar, atención psicológica y programas individualizados de reinserción.
El debate plantea una pregunta que atraviesa todas las reformas: cómo proteger a la sociedad y reconocer los derechos de las víctimas sin renunciar a la consideración especial que corresponde a una persona menor de edad.
El endurecimiento avanza porque ofrece una respuesta inmediata, visible y políticamente rentable ante delitos que provocan alarma. Las medidas preventivas, en cambio, necesitan años de inversión y sus resultados son más difíciles de presentar. Entre ambas posiciones, la justicia juvenil comienza a alejarse de su función educativa y a parecerse cada vez más al sistema penal de los adultos.
