El gobierno británico ha anunciado un programa de identificación digital nacional, obligatorio para comprobar el derecho al trabajo, como parte de una ofensiva para endurecer controles migratorios. La medida, denominada “BritCard”, forma parte de una estrategia más amplia que combina nuevas reglas fronterizas y controles sobre empleo.
Nuevo esquema de identidad digital y su propósito
Este 26 de septiembre de 2025, el gobierno del Reino Unido publicó los detalles de un proyecto para desplegar un nuevo esquema de identidad digital (digital ID) que será necesario para las verificaciones de “Right to Work” (derecho al empleo). Según el comunicado oficial, la medida busca dificultar que quienes están en el país sin autorización puedan conseguir trabajo formal.
Según el anuncio, la identidad digital se almacenará en una aplicación gubernamental (GOV.UK wallet) en el teléfono de cada persona, similar a la gestión de otras credenciales digitales como licencias de conducir.
Aunque no será obligatorio llevar el documento físico ni mostrarlo en todo momento, sí será imprescindible como mecanismo formal para demostrar identidad y estatus migratorio en contextos laborales.
Contexto de la estrategia antiinmigratoria
El gobierno sustenta que esta medida es parte de una ofensiva contra el empleo ilegal, argumentando que el trabajo formal es uno de los principales “atractores” para quienes entran de forma irregular al país.
Además, en paralelo, Reino Unido ha entrenado al personal de aerolíneas europeas para verificar visados antes del embarque hacia el país, con el fin de impedir que personas sin documentación válida viajen hacia el Reino Unido.
También se ha acordado con Francia un mecanismo “one in, one out” para controlar los cruces marítimos por la ruta del Canal y reducir las llegadas no autorizadas mediante devoluciones condicionadas.
Críticas y preocupaciones ciudadanas
La propuesta ha generado reacciones críticas de defensores de libertades civiles, expertos en ciberseguridad y partidos de la oposición. Temen que el sistema pueda convertirse en un instrumento masivo de vigilancia estatal, con riesgos para la privacidad y los derechos fundamentales.
Más de 1,6 millones de ciudadanos han firmado una petición contra las nuevas tarjetas digitales, argumentando que obligar a las personas a inscribirse en un sistema estatal de identidad representa un avance hacia el control estatal excesivo.
Expertos en seguridad alertan que un sistema centralizado de datos biométricos e identitarios podría convertirse en un objetivo atractivo para ataques informáticos, con graves consecuencias de exposición de datos sensibles.
Retos técnicos y sociales del despliegue
El gobierno ha señalado que el diseño tomará en cuenta la inclusión digital, ofreciendo apoyos presenciales para personas sin acceso a smartphone o con menores conocimientos digitales.
Sin embargo, organizaciones legales advierten que el prisa política para imponer la medida podría obviar el debate sobre salvaguardas legales, acceso a recursos ante errores o disputas y mecanismos de auditoría independientes.
Desde el punto de vista técnico, integrar el sistema con bases de datos nacionales, mantener seguridad frente a ciberataques y garantizar resiliencia serán desafíos centrales.
Implicaciones y horizonte del plan
Si se aprueba y ejecuta como lo anunciaron, el “BritCard” estaría plenamente obligatorio para verificar el derecho al empleo antes de que termine el actual Parlamento (es decir, en algún momento antes de 2029).
En un escenario de éxito técnico y legal, el sistema podría integrarse con otros servicios del Estado (sanidad, beneficios sociales, transporte), transformando la forma de interactuar con el Gobierno.
Pero si surgen fallos técnicos, disputas judiciales o rechazo ciudadano, la iniciativa podría afrontarse como un precedente político polémico con fuertes debates sobre el balance entre seguridad e libertades.
