El Gobierno español ha intensificado el proceso de reubicación de menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla hacia otras comunidades autónomas, tramitando cerca de 200 expedientes para aliviar la saturación en los puntos de llegada.
El 9 de noviembre de 2025, el Ministerio de Juventud e Infancia informó que se está acelerando el ritmo de reubicación de menores migrantes no acompañados desde las zonas de mayor presión migratoria, especialmente Canarias, Ceuta y Melilla, hacia otras regiones del país que puedan hacerse cargo de su acogida. Hasta la fecha, se han tramitado aproximadamente 200 expedientes de acogida y se está trabajando para dar cumplimiento a esos traslados coordinando varias comunidades autónomas y ministerios implicados.
La medida responde a la declaración de contingencia migratoria en estas regiones, donde la capacidad de los centros de acogida se ha visto ampliamente superada. Se han aprobado transferencias por 13 millones de euros para Canarias (5 millones), Ceuta (4,1 millones), Melilla (2,7 millones) y Baleares (1,2 millones) destinadas a apoyar recursos para la primera acogida de los menores. Estas transferencias se suman a otras ayudas previas y a una financiación adicional vinculada a reformas legales para mejorar la protección de los niños y adolescentes.
El Gobierno destaca que la reubicación se lleva a cabo en condiciones adecuadas y que el proceso, aunque complejo, se está acelerando. Sin embargo, la ministra Sira Rego ha denunciado bloqueos y falta de colaboración por parte de algunas comunidades autónomas, especialmente gobernadas por partidos del PP, a las que acusa de poner trabas motivadas por agendas políticas y posturas discriminatorias.
Asimismo, el Ministerio trabaja en la aprobación de un Real Decreto para establecer estándares mínimos para los centros de acogida, como limitación de plazas, ubicación céntrica y presencia de trabajadores en número suficiente para garantizar el bienestar y los derechos de los menores. Este reglamento busca también proteger los derechos laborales del personal que trabaja en esas instalaciones, en respuesta a recientes denuncias de condiciones precarias y vulneración de derechos en algunos centros.
En definitiva, la reubicación de menores migrantes no acompañados es una prioridad para aliviar la presión en Canarias, Ceuta y Melilla, mejorar la calidad de la atención y garantizar modelos de protección más sostenibles en todo el territorio español, aunque el proceso se enfrenta a desafíos políticos y operativos que evidencian la complejidad de gestionar la migración en contextos de emergencia humanitaria.
