La posible ruptura de Estados Unidos pone a ACNUR frente a una crisis decisiva

No existe, sin embargo, un anuncio oficial de ruptura. Un portavoz del Departamento de Estado aseguró que no se había producido ningún cambio en la relación con ACNUR y explicó que Estados Unidos seguirá trabajando con la agencia cuando ello sirva a sus intereses de política exterior o permita salvar vidas. Naciones Unidas y ACNUR evitaron confirmar la existencia de un ultimátum. Por ello, la novedad verificable es que Washington ha evaluado una posible retirada y que se ha desplegado una gestión diplomática para impedirla, no que la ruptura se haya consumado.

Una disputa vinculada con la dirección de la agencia

Cinco de las fuentes consultadas atribuyeron la tensión al nombramiento de la diplomática estadounidense Tressa Rae Finerty como alta comisionada adjunta. El secretario general de la ONU, António Guterres, y el alto comisionado para los Refugiados, Barham Salih, la eligieron frente a Simon Hankinson, candidato respaldado por Washington y crítico con la orientación de ACNUR. Hankinson había acusado a la organización de promover una agenda favorable a la migración masiva.

La posible respuesta estadounidense incluiría, según las fuentes, la interrupción de fondos, la salida del Comité Ejecutivo y hasta la inclusión de ACNUR en una lista de entidades con las que las agencias federales no podrían colaborar. Ninguna de esas medidas había sido formalizada al cierre de esta edición. La ausencia de un anuncio, pese a que varias fuentes esperaban una decisión la semana anterior, llevó a algunos diplomáticos a interpretar que las gestiones internas podrían haberla retrasado o evitado.

El peso financiero de Estados Unidos

Estados Unidos aportó aproximadamente 868 millones de dólares a ACNUR durante 2025, cerca de una cuarta parte de sus contribuciones, según los datos recogidos por Reuters a partir de la información financiera de la agencia. Esa posición convierte a Washington en un socio difícil de sustituir a corto plazo: una retirada completa no representaría únicamente la pérdida de un donante, sino la desaparición de una parte sustancial de los recursos disponibles para operaciones humanitarias.

La organización ya atravesaba una reducción presupuestaria severa. Su Informe Global de 2025 señala que los recursos disponibles descendieron en 1.246 millones de dólares, hasta 3.932 millones, y solo cubrieron el 37% de las necesidades calculadas, frente al 48% en 2024. Para enero de 2026, ACNUR había eliminado 6.600 puestos, más de un tercio de su plantilla, y reducido su presencia geográfica. El gasto anual terminó en 3.830 millones de dólares, un 22% menos que el ejercicio anterior.

Qué servicios quedarían expuestos

ACNUR trabaja en más de 130 países y sus recursos financian registro y documentación, alojamiento de emergencia, protección jurídica, atención sanitaria, educación, ayudas monetarias y búsqueda de soluciones duraderas. La pérdida de cientos de millones de dólares obligaría previsiblemente a priorizar las emergencias más graves, recortar programas y depender de que otros gobiernos o donantes privados cubrieran parte del déficit.

El impacto potencial debe entenderse en el contexto de operaciones como la emergencia de Sudán. La agencia calcula que casi 13 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares debido a ese conflicto y que más de 3,2 millones han buscado seguridad en países vecinos. Para responder en Sudán y su entorno, una cifra superior a toda la contribución estadounidense de 2025 a la agencia.

Riesgo para el sistema internacional de protección

Diplomáticos y antiguos responsables de ACNUR advirtieron de que una retirada estadounidense también tendría consecuencias políticas. La agencia fue creada después de la Segunda Guerra Mundial y desempeña un papel central en la aplicación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que protege a las personas perseguidas y establece el principio de no devolución a territorios donde su vida o libertad estén amenazadas.

Estados Unidos no ha anunciado un calendario ni una decisión definitiva. Los siguientes indicios relevantes serán sus nuevas aportaciones financieras, la continuidad de su participación en el Comité Ejecutivo y cualquier resolución derivada de la revisión general de organismos internacionales ordenada por Trump en 2025. Mientras no exista confirmación oficial, la amenaza debe tratarse como una deliberación gubernamental sustentada por múltiples fuentes, pero todavía abierta.