La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia aprobó recientemente un crédito extraordinario de 22 millones de euros destinado a reforzar los mecanismos de acogida y protección de menores migrantes solos en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, en respuesta a la presión migratoria en estos territorios.
Decisión institucional y reparto territorial
El 24 de septiembre de 2025, la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia —órgano en que participan el gobierno central y las comunidades autónomas— aprobó el reparto de un crédito extraordinario de 22 millones de euros para las islas y ciudades autónomas fronterizas con el objetivo de atender a menores migrantes no acompañados.
Las transferencias se harán efectivas mediante los ministerios competentes, con asignaciones específicas para **Canarias**, **Baleares**, **Ceuta** y **Melilla**, en función de sus necesidades y cargas de gestión migratoria.
Justificación y propósito del crédito
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha manifestado que el objetivo es garantizar la sostenibilidad de los sistemas de acogida en los territorios con mayor presión migratoria y asegurar la protección de los derechos de la infancia migrante.
Este financiamiento extraordinario se suma a otras medidas legislativas en curso, entre ellas el desarrollo del real decreto-ley que permitirá la reubicación de menores desde territorios de contingencia migratoria como Canarias, Ceuta y Melilla hacia otras comunidades autónomas.
Retos y contexto de acogida
Los territorios insulares y las ciudades autónomas son puntos habituales de llegada de personas migrantes, lo que genera una alta demanda de recursos para alojamiento, protección social, asistencia sanitaria y procesos administrativos.
Antes de esta asignación, el Gobierno ya había aprobado anteriormente un fondo para este fin: en julio de 2025 se autorizó la creación de 22 millones de euros para la atención de menores migrantes en esas mismas zonas.
Una de las claves del nuevo reparto será cómo se establecerán los criterios de distribución: carga poblacional, llegada de menores, capacidad del sistema de acogida y esfuerzo regional previo, entre otros factores.
Implicaciones para comunidades receptoras y menores
Esta inyección de recursos permitirá reforzar los centros de acogida, contratar más personal de atención especializada, mejorar la logística de acogida y fortalecer la coordinación interterritorial.
Para los menores migrantes no acompañados, significa mejores condiciones de protección, un sistema más ágil de evaluación y mayores garantías de atención sanitaria, educativa y legal.
Riesgos potenciales y desafíos operativos
El principal desafío será que los recursos lleguen con celeridad y que los mecanismos de control aseguren su uso efectivo. Si no se ejecutan con eficiencia, podrían generarse cuellos de botella o brechas de atención.
Otro riesgo es que la presión migratoria continúe creciendo, superando incluso las previsiones más optimistas y demandando nuevos ajustes presupuestarios o redistribuciones entre comunidades.
Perspectivas futuras
El seguimiento de la ejecución de estos fondos será un indicador clave para evaluar la capacidad del Estado y de las regiones para afrontar situaciones migratorias extremas con garantías para la infancia.
Asimismo, el desarrollo del real decreto-ley de reubicación y la coordinación entre territorios determinarán si esta medida contribuye a aliviar la tensión en los puntos de llegada o si solo representa un paliativo frente al desafío estructural de gestión migratoria.
