Estados Unidos ha intensificado en 2025 las operaciones de deportación y redadas migratorias, bajo estrategias como la denominada “Operation Safeguard”, lo que ha generado que un número creciente de ciudadanos latinoamericanos busquen cruzar hacia Canadá con el objetivo de solicitar asilo ante las restricciones y presión en territorio estadounidense.
Un aumento abrupto en la aplicación migratoria
Durante los últimos meses, el gobierno de EE. UU. ha implementado una ofensiva más agresiva contra migrantes indocumentados en ciudades del país. Bajo iniciativas como la Operation Safeguard, que pretende arrestar y expulsar inmigrantes fuera de áreas urbanas, ICE (Immigration and Customs Enforcement) ha ejecutado redadas masivas para detener personas sin estatus regular.
Estas acciones se han extendido incluso a personas que ingresaron legalmente por programas Biden, al habilitarse mecanismos de expedited removal, que permiten deportaciones aceleradas en ciertos casos sin pasar por audiencias judiciales completas. En paralelo, informes del Consejo de Relaciones Exteriores indican que las deportaciones no solo apuntan a quienes cometen delitos mayores, sino que también abordan perfiles más amplios de inmigrantes irregulares. Casos emblemáticos como el de Kilmar Ábrego García —un salvadoreño deportado sin antecedentes penales hacia un centro de reclusión en El Salvador— han puesto de manifiesto el riesgo de escuchas sumarias y ausencias de garantías legales.
La ruta canadiense como escape alternativo
Como respuesta a la presión creciente en EE. UU., un número más alto de personas de origen latinoamericano ha intentado cruzar la frontera con Canadá para presentar solicitudes de asilo allá. En puntos de entrada entre Nueva York y la provincia de Quebec, ocurrió un aumento notable de cruces fronterizos. Se ha reportado un incremento del 263 % en las solicitudes de asilo en algunos cruces en Quebec, atribuible en parte al endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses. Sin embargo, Canadá ha respondido rechazando un mayor número de solicitudes bajo el acuerdo de país tercero seguro (Safe Third Country Agreement), que obliga a procesar la solicitud de asilo en el primer país seguro por el que la persona ingresó (normalmente EE. UU.). Entre enero y agosto de 2025, más de 3.282 personas fueron devueltas a EE. UU., un aumento notable frente al mismo período de 2024. Activistas y abogados advierten que estas devoluciones pueden exponer a los solicitantes a regreso forzado o represión si EE. UU. los deporta a terceros países u originarios.
Consecuencias sociales, políticas y humanitarias
Las redadas y deportaciones masivas generan un clima de miedo en comunidades inmigrantes, produciendo que algunos eviten buscar servicios públicos, denunciar abusos o mantenerse visibles. Económicamente, el aumento de arrestos ha tenido impacto directo en sectores dependientes de mano de obra migrante: por ejemplo, en California, las campañas de ICE han reducido hasta un 20-40 % la fuerza laboral agrícola en regiones como Oxnard, con pérdidas estimadas multimillonarias. Políticamente, el endurecimiento migratorio intensifica la polarización en EE. UU. y presiona a gobiernos canadienses a ajustar sus políticas de asilo frente a flujos crecientes, especialmente bajo críticas de seguridad, soberanía y responsabilidad internacional. Desde el punto de vista humanitario, la combinación de deportaciones sumarias, rechazos fronterizos y aumento de rutas riesgosas pone a los migrantes en una situación de vulnerabilidad extrema, con riesgos de tráfico, explotación y pérdida de derechos fundamentales.
Retos y dilemas jurídicos
El uso extendido de deportaciones aceleradas sin audiencias completas plantea cuestionamientos sobre debido proceso, garantías constitucionales y derechos de asilo. Asimismo, la interpretación estricta del Safe Third Country Agreement entre EE. UU. y Canadá genera litigios sobre cuándo se puede rechazar a quienes solicitan refugio, sobre todo si tienen vínculos familiares en Canadá o son estatales sin otra nación de destino. Otro reto es la gestión de recursos y capacidad institucional: tanto EE. UU. como Canadá deberán procesar mayor volumen de casos migratorios, lo que exige mecanismos más eficientes, equitativos y seguros.
La intensificación de redadas y deportaciones en EE. UU., junto con el auge de cruces hacia Canadá por parte de migrantes latinoamericanos, dibujan un escenario de tensión migratoria y humanitaria en Norteamérica. Las políticas restrictivas estadounidenses empujan a los más vulnerables a rutas más peligrosas y someten a tensiones a los sistemas legales de asilo. Cómo resuelvan este momento Estados Unidos y Canadá, respetando los derechos humanos y garantizando procedimientos justos, será crucial para determinar la dirección moral y política de la región en los próximos años.
