ICE arrestó a 49.571 migrantes en julio, máximo mensual de la segunda era Trump
Casi 50.000 arrestos en un solo mes
Los datos entregados por ICE al Deportation Data Project, una iniciativa de las universidades de California en Berkeley y Los Ángeles, sitúan el balance exacto de julio en 49.571 arrestos. La cifra supera en un 15% los 43.021 registrados en junio y en un 70% los 29.241 contabilizados en febrero.
El total representa un promedio aproximado de 1.599 arrestos diarios durante los 31 días de julio. El análisis de The Guardian emplea una media redondeada de unos 1.500. La diferencia responde únicamente al redondeo y no a balances contradictorios.
Associated Press describe julio como el mes con mayor número de arrestos migratorios desde el comienzo del segundo mandato de Trump. The Guardian amplía la comparación y señala que es el dato más elevado desde octubre de 2022.
Más de la mitad no tenía historial penal
El 51% de las personas arrestadas durante julio no tenía condenas ni cargos penales anteriores, según el análisis realizado por The Guardian sobre la información gubernamental. Fue el primer mes del segundo mandato de Trump en el que ese grupo constituyó la mayoría de los detenidos.
“No tener historial penal” significa que las bases utilizadas no registraban condenas ni acusaciones pendientes. No implica necesariamente que la persona tuviera permiso de residencia, pero contradice cualquier interpretación según la cual todos los arrestados eran delincuentes violentos o personas previamente condenadas.
Los datos de TRAC Immigration, un centro independiente especializado en registros administrativos, muestran una tendencia relacionada: el 11 de julio, ICE mantenía detenidas a 65.765 personas y 46.436 —el 70,6%— no tenían condenas penales. Esa proporción incluye detenidos en diferentes momentos y no debe confundirse con el 51% de los arrestos efectuados durante todo julio.
Las deportaciones también alcanzaron un máximo
Casi 34.000 personas fueron expulsadas de Estados Unidos durante julio, según los datos gubernamentales examinados por The Guardian. Es el mayor total mensual de deportaciones desde el regreso de Trump a la presidencia y equivale a unas 1.100 expulsiones diarias.
Un arresto no es lo mismo que una deportación. Después de la detención puede existir una orden de expulsión previa, un procedimiento abierto ante un juez migratorio, una solicitud de asilo, una revisión médica o una impugnación judicial. Algunas personas son liberadas bajo supervisión y otras permanecen detenidas mientras se resuelve su expediente.
La expresión “removal”, utilizada por las autoridades estadounidenses, designa una salida ejecutada mediante una orden formal de expulsión. También existen retornos administrativos y salidas voluntarias con consecuencias jurídicas diferentes. La cifra de casi 34.000 procede del balance agregado y no permite conocer la modalidad aplicada en cada caso.
Una estrategia de operaciones menos visibles
El crecimiento se produjo después de que el Departamento de Seguridad Nacional modificara la presentación pública de sus operativos. Las grandes redadas urbanas y despliegues militarizados que generaron protestas fueron sustituidos parcialmente por intervenciones con menos agentes y menor exposición mediática.
Abogados y organizaciones de asistencia consultados por The Guardian describen arrestos durante controles de tráfico, fuera de domicilios, en aeropuertos y cuando los migrantes acuden a citas obligatorias en oficinas de ICE. La asistencia a una cita forma parte normalmente de las condiciones impuestas a una persona con procedimiento abierto; detenerla allí puede desalentar a otros migrantes a cumplir con sus obligaciones administrativas.
Esta estrategia dificulta el seguimiento comunitario. Cuando interviene una patrulla local en una carretera, un observador puede no saber si se trata de una infracción de tráfico ordinaria o de una actuación migratoria. Las redes de voluntarios que documentaban las grandes redadas están adaptando sus mecanismos para localizar posteriormente a las personas detenidas.
El programa 287(g) amplía la capacidad de ICE
Una pieza central es el programa 287(g), denominado así por la sección correspondiente de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. El mecanismo permite que policías estatales y locales, después de recibir formación y firmar un acuerdo, ejerzan determinadas funciones de control migratorio bajo supervisión federal.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, considera estos acuerdos fundamentales para realizar controles de una manera menos visible. Sus partidarios sostienen que facilitan la cooperación y permiten localizar a personas con órdenes pendientes. Sus críticos advierten de que pueden mezclar la seguridad municipal con la aplicación de la ley migratoria y reducir la confianza de los residentes extranjeros en la policía.
Texas y Florida concentraron conjuntamente cerca de 20.000 arrestos durante julio, según el análisis de AP. Ambos estados mantienen una cooperación extensa entre cuerpos locales y autoridades federales. La concentración territorial demuestra que la política nacional depende en gran medida del grado de participación de cada gobierno estatal y condado.
TPS y nuevas poblaciones expuestas
Los operativos coinciden con la retirada de protecciones temporales para distintas nacionalidades. El Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS por sus siglas en inglés, permite residir y trabajar provisionalmente en Estados Unidos cuando guerras, catástrofes u otras condiciones extraordinarias impiden un retorno seguro.
El Tribunal Supremo permitió que la Administración avanzara en la cancelación del TPS para aproximadamente 50.000 haitianos y 6.100 sirios. En Springfield, Ohio, organizaciones locales han informado de que ciudadanos haitianos fueron convocados a oficinas de ICE y sometidos a vigilancia mediante tobilleras electrónicas.
La primera gran operación de deportación hacia Haití después de la decisión judicial llegó al país caribeño la semana pasada. La protección para unos 170.000 salvadoreños está prevista para expirar en septiembre, según el balance citado por The Guardian. La finalización del TPS no conduce necesariamente a una expulsión inmediata: algunas personas pueden solicitar asilo, residencia familiar u otra protección si reúnen los requisitos.
Capacidad de detención y financiación
El aumento de los arrestos exige plazas en centros, transporte, personal administrativo, vuelos y representación jurídica. El Departamento de Seguridad Nacional recibió un incremento extraordinario de financiación de alrededor de 70.000 millones de dólares, según The Guardian, para ampliar su capacidad y acercarse al objetivo de la Casa Blanca de 2.000 arrestos diarios.
TRAC contabilizaba 65.765 personas bajo custodia de ICE el 11 de julio. Texas albergaba 16.450; Luisiana, 7.680; California, 6.412; Georgia, 4.556, y Florida, 3.934. Son cifras de ocupación en una fecha concreta, no el número total de personas que pasaron por cada estado durante todo el mes.
Otras 183.181 personas estaban incluidas en programas de “alternativas a la detención” el 11 de julio. Estos mecanismos, conocidos como ATD, pueden incorporar llamadas periódicas, aplicaciones móviles, comparecencias o dispositivos electrónicos. Se consideran alternativas porque permiten permanecer fuera de un centro, aunque las organizaciones civiles cuestionan la intensidad y duración de algunas formas de vigilancia.
Qué permiten y qué no demuestran los datos
Las cifras confirman un fuerte aumento de la actividad de ICE y un cambio en el perfil penal de las personas arrestadas. También muestran que la reducción de las grandes redadas visibles no significó una disminución de la aplicación de la ley migratoria.
Los datos agregados no indican cuántos detenidos tenían solicitudes de asilo, permisos de trabajo, TPS todavía válido, órdenes definitivas o recursos pendientes. Tampoco permiten concluir que todas las personas sin historial penal se encontraran legalmente en Estados Unidos ni que todas las personas con historial fueran responsables de delitos graves.
Para evaluar las garantías del sistema será necesario conocer la duración de las detenciones, el acceso a abogados, el resultado de los expedientes y las condiciones de los centros. El siguiente punto de comparación será comprobar si agosto mantiene el ritmo de julio o si el máximo respondió a una concentración temporal de operaciones y recursos.