Concentraciones dentro de los campos de Cox’s Bazar
Las movilizaciones se desarrollaron en decenas de asentamientos de la franja de Cox’s Bazar, donde vive la mayor población refugiada del mundo concentrada en un único territorio. Associated Press informó de decenas de miles de participantes, mientras que el diario bangladesí The Business Standard documentó actos en los campos 4 Extension, 9, 13 y 26. Las estimaciones de asistencia proceden de organizadores y autoridades locales y no constituyen un recuento independiente completo.
Los participantes reclamaron poder regresar a sus localidades de origen sin quedar recluidos en nuevos campamentos, recuperar tierras y propiedades y obtener el reconocimiento de su ciudadanía. También pidieron acceso a educación, libertad de movimiento y responsabilidades judiciales por las matanzas, expulsiones y destrucción de viviendas denunciadas desde 2017. La demanda central no fue una salida inmediata bajo cualquier condición, sino un retorno acompañado de derechos y protección verificable.
Una minoría privada de ciudadanía
Los rohinyás son una minoría étnica, mayoritariamente musulmana, originaria sobre todo del estado de Rakáin, en el oeste de Myanmar. Las autoridades birmanas suelen denominarlos “bengalíes” y los consideran inmigrantes procedentes de Bangladesh, aunque numerosas familias llevan generaciones en territorio birmano. La legislación de ciudadanía de 1982 excluyó en la práctica a gran parte de la comunidad y consolidó restricciones sobre desplazamiento, educación, trabajo y matrimonio.
Esa falta de reconocimiento explica por qué una operación logística de repatriación no resolvería por sí sola el desplazamiento. Sin una situación jurídica estable, las personas retornadas podrían volver a quedar sometidas a controles, segregación o confinamiento. Los manifestantes reclamaron por ello que Myanmar los reconozca explícitamente como rohinyás y les garantice ciudadanía plena, no únicamente documentos provisionales o permisos de residencia.
Nueve años desde el éxodo masivo
La fecha de la protesta recuerda la ofensiva iniciada en agosto de 2017 por las fuerzas de seguridad de Myanmar tras ataques contra puestos policiales. Más de 700.000 rohinyás huyeron entonces a Bangladesh y se sumaron a unas 300.000 personas desplazadas en oleadas anteriores, según las cifras recogidas por AP. Supervivientes y organizaciones internacionales denunciaron asesinatos, violencia sexual e incendios sistemáticos de aldeas.
Myanmar sostiene que la operación fue una respuesta antiterrorista contra insurgentes y rechaza las acusaciones de genocidio. Sin embargo, el desplazamiento y la magnitud de la destrucción están ampliamente documentados. Bangladesh alberga actualmente a más de un millón de refugiados rohinyás; una declaración diplomática difundida el martes eleva la población vinculada a la crisis hasta cerca de 1,3 millones al incluir distintas llegadas y registros.
Bangladesh y Myanmar organizaron al menos dos intentos de repatriación durante los años posteriores al éxodo, pero ninguno produjo retornos significativos. Los refugiados incluidos en las listas se negaron a viajar porque no consideraban garantizadas su seguridad y ciudadanía. Daca mantiene oficialmente que no impondrá una devolución forzosa, posición esencial para respetar el principio de no devolución o non-refoulement, que prohíbe enviar a alguien a un territorio donde pueda sufrir persecución o daños graves.
La guerra ha transformado el territorio de retorno
El escenario dentro de Rakáin es ahora diferente al de 2017. El Ejército de Arakán, una organización armada vinculada a la población budista rakhine, controla amplias zonas del estado tras combatir a la junta militar que gobierna Myanmar desde el golpe de 2021. Los rohinyás se encuentran así expuestos a varios actores armados, restricciones de movimiento, reclutamiento, ataques aéreos y bloqueos de suministros.
Las misiones diplomáticas de quince países y de la Unión Europea advirtieron el 25 de agosto de que las condiciones actuales no permiten un regreso voluntario, seguro, digno y sostenible. La declaración recogida por The Business Standard menciona inseguridad, combates, ataques aéreos y obstáculos al acceso humanitario. Los firmantes pidieron una estrategia coordinada y la participación directa de los refugiados en las decisiones.
El Gobierno militar birmano afirma haber verificado a más de 300.000 antiguos residentes de Rakáin y asegura que podrá recibirlos cuando exista seguridad. Bangladesh cuestiona tanto la cifra como la negativa oficial a reconocer su identidad rohinyá. Tampoco se ha explicado públicamente dónde serían alojados, qué documentos recibirían, qué autoridad garantizaría su libertad de movimiento o cómo recuperarían propiedades ocupadas o destruidas.
Una crisis prolongada y dependiente de ayuda
En Cox’s Bazar, los refugiados viven principalmente en construcciones temporales y dependen de asistencia internacional para alimentación, salud, agua y educación. Las restricciones impuestas por Bangladesh limitan el empleo formal y la movilidad fuera de los campos. El deterioro de la financiación humanitaria incrementa el riesgo de desnutrición, explotación laboral, trata de personas y viajes marítimos peligrosos hacia otros países asiáticos.
Los países que firmaron la declaración diplomática reclamaron apoyo sostenido tanto para los rohinyás como para las comunidades bangladesíes que los acogen. La ayuda no sustituye una solución política, pero su reducción antes de que exista un retorno seguro trasladaría el coste a familias sin ingresos estables y a una región con servicios públicos sometidos a presión.
Justicia y condiciones para un retorno real
La Corte Internacional de Justicia —CIJ, principal tribunal de Naciones Unidas para controversias entre Estados— celebró en enero de 2026 nuevas audiencias en el procedimiento iniciado por Gambia contra Myanmar bajo la Convención sobre el Genocidio. El caso examina la responsabilidad internacional del Estado; no es un proceso penal contra individuos ni determina por sí solo cuándo podrán regresar los refugiados.
Para que la repatriación sea viable se necesitarían garantías verificables de ciudadanía, seguridad, libertad de movimiento, acceso humanitario y restitución o compensación por las propiedades. También harían falta observadores independientes y mecanismos para denunciar abusos después del regreso. La voluntad expresada en las concentraciones no debe interpretarse como consentimiento colectivo: cada refugiado conserva el derecho a decidir individualmente si las condiciones son suficientes.
Está confirmado que las protestas se celebraron, que reclamaron retorno con derechos y que ninguna repatriación masiva ha comenzado. Continúan sin resolverse el estatuto jurídico, el control territorial de Rakáin y las garantías que ofrecerían tanto la junta militar como el Ejército de Arakán. La movilización devuelve la atención a una comunidad que no quiere que la asistencia indefinida en Bangladesh se convierta en sustituto permanente de su derecho a volver.
