El gobierno de Estados Unidos ha anunciado que volverá a aceptar nuevas solicitudes para el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), tras años de litigios y restricciones legales. En paralelo, datos oficiales revelan que aproximadamente la mitad de los inmigrantes arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no tienen antecedentes penales previos, una realidad que desafía retórica oficial sobre las prioridades de deportación.
Reapertura propuesta de DACA: contexto y alcance
Según documentos presentados recientemente por el Departamento de Justicia, el gobierno planea aceptar solicitudes iniciales de DACA para personas que aún no participan en el programa, salvo en el estado de Texas. Esta medida responde a una orden judicial en curso.
Desde 2021, el programa DACA ha estado cerrado a nuevos solicitantes, aunque los beneficiarios existentes han podido renovarlo cada dos años. El nuevo enfoque elimina esa barrera inicial, pero establece diferencias según jurisdicción: quienes residan en Texas podrían recibir protección contra la deportación sin autorización de trabajo, en contraste con otros estados donde también se otorgaría permiso laboral.
Las autoridades advierten que estas propuestas están sujetas a la decisión del juez federal Andrew Hanen, quien ha estado al frente del litigio sobre la legalidad del programa.
Un cambio perceptible en el perfil de las detenciones de ICE
Según datos recientes, 16.523 personas actualmente en detención de ICE no tienen historial criminal, comparadas con 15.725 con antecedentes condenatorios, y 13.767 con cargos pendientes. Esto convierte al grupo sin antecedentes en el más numeroso dentro del sistema de detención migratoria.
Este fenómeno marca un cambio significativo en el patrón tradicional, donde la narrativa dominante había sido que las deportaciones se orientarían prioritariamente contra inmigrantes con historial criminal.
Complementariamente, informes periodísticos muestran que el número de arrestos realizados por ICE contra personas sin antecedentes se ha disparado, alcanzando un incremento de casi 200 % en algunos periodos.
Implicaciones legales, políticas y sociales
La reactivación del trámite inicial de DACA implicaría extender a nuevos "dreamers" la oportunidad de obtener protección temporal contra deportación y permiso de trabajo, aunque su destino final dependerá de fallos judiciales y acciones legislativas. Para muchos defensores de derechos de inmigrantes, esta medida podría restaurar una vía perdida desde hace años, aunque advierten que no garantiza estabilidad permanente ni solución migratoria integral.
En cuanto al cambio en el perfil de detenciones, la preponderancia de arrestos a personas sin antecedentes pone el foco en debates sobre proporcionalidad, justicia migratoria y la interpretación de prioridades en las políticas de deportación. Muchos críticos sostienen que esta tendencia puede generar temor entre comunidades inmigrantes que no representan amenazas penales, afectando su disposición a participar en la vida pública, acceder a servicios o denunciar situaciones de vulnerabilidad.
Por otra parte, la administración deberá responder a cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos, condiciones de detención y el equilibrio entre seguridad fronteriza y respeto a derechos civiles.
La reanudación de las inscripciones iniciales a DACA marca un giro potencial en la política migratoria de EE. UU., mientras que el hecho de que casi la mitad de los detenidos por ICE carezcan de antecedentes penal resulta un cambio sustancial en el panorama operativo de las deportaciones. Juntas, estas dos noticias invitan a un escrutinio serio de las prioridades institucionales, los límites del uso de la fuerza administrativa y los derechos de los individuos sujetos al sistema migratorio estadounidense.
