Antecedentes del proceso
El caso se desencadenó tras una denuncia interpuesta por el senador Iván Cepeda, llevada a cabo en 2012 y revisada por la Corte Suprema, que encontró indicios de que Uribe habría intentado manipular testimonios de exparamilitares mediante beneficios ofrecidos por su abogado. En mayo de 2024, fue presentado formalmente ante la Fiscalía la acusación por soborno y fraude procesal.
Fallo judicial
La jueza Sandra Liliana Heredia, tras un juicio de casi seis meses, determinó que Uribe utilizó emisarios para influir a testigos en 2017 y 2018. La condena incluye:
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12 años de prisión domiciliaria,
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Multa de aproximadamente US $578 000 (algunos medios reportan 776 000 dólares),
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Inhabilitación para ejercer cargos públicos por más de ocho años.
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La medida entra en vigor inmediatamente y se ordenó que Uribe se reporte a las autoridades en Rionegro, Antioquia, para cumplirla en su residencia.
Reacciones y apelación
Uribe, de 73 años y figura clave del partido Centro Democrático, calificó la condena como una forma de “persecución política” y anunció que apelará la decisión en tribunales superiores, con una audiencia prevista antes de octubre. Sus simpatizantes, entre ellos políticos conservadores estadounidenses como Marco Rubio, denunciaron juicio político y cuestionaron la imparcialidad del sistema judicial.
Impacto político e institucional
La condena marca un hito judicial en Colombia, al sancionar por primera vez penalmente a un expresidente. Se produce en un contexto preelectoral intenso, con elecciones presidenciales previstas para 2026. Uribe sigue teniendo una influencia política significativa dentro del sector conservador, y su arresto domiciliario reaviva tensiones entre partidarios y sectores opositores
