Nueve resoluciones para cerrar tres procesos
Las decisiones afectan a tres espacios creados durante el Gobierno de Gustavo Petro: la mesa con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes, conocido como EMBF y encabezado por Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”; el proceso con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, CNEB; y el espacio sociojurídico con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ACSN, denominadas también Los Pachenca.
Los Comandos de la Frontera forman parte de la CNEB junto con otras estructuras. Esta relación explica que algunas publicaciones hayan identificado el segundo proceso por el nombre de la coordinadora y otras por el de los Comandos. La oficina oficial encargada de la negociación había descrito a la CNEB como la nueva agrupación mediante la cual los Comandos de la Frontera y otras facciones continuaron el diálogo.
Qué dispone el nuevo marco jurídico
La Resolución 343 dio por terminada la mesa con las estructuras vinculadas a alias “Calarcá” alegando ausencia de voluntad de paz. Las resoluciones asociadas revocaron el reconocimiento otorgado a representantes de la organización y retiraron a los delegados gubernamentales, incluida la jefa negociadora Gloria Quiceno Acevedo. La documentación oficial aparece incorporada en el repositorio normativo de la Presidencia colombiana.
La Resolución 346 cerró el proceso con la CNEB. Otras normas retiraron la condición oficial de sus voceros y la designación de Armando Novoa García como jefe de la delegación gubernamental. En el caso de las ACSN, el Ejecutivo eliminó el reconocimiento de sus representantes, retiró a los funcionarios que participaban en el espacio sociojurídico y solicitó reactivar órdenes de captura que habían sido suspendidas por las conversaciones.
Ruptura con la “paz total”
De la Espriella sostuvo que los grupos afectados no habían demostrado una voluntad “real y verificable” de paz, reincorporación o sometimiento a la justicia. También afirmó que no permitiría que la paz se utilizara como justificación para la impunidad. La medida desarrolla una promesa central de su campaña y constituye el primer desmonte jurídico amplio de los procesos heredados del Gobierno Petro.
El nuevo Gobierno ya había anticipado el cambio de dirección. El 27 de agosto autorizó extradiciones de integrantes de las organizaciones cuyos procedimientos habían quedado suspendidos por las negociaciones. Entre los mencionados por EL PAÍS figuran alias “El Mocho Olmedo”, vinculado al Frente 33; Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, dirigente de los Comandos de la Frontera; y miembros de las ACSN conocidos como “Muñeca” y “Pinocho”.
El futuro de quienes dejaron las armas
Una de las cuestiones más delicadas afecta a 99 integrantes de los Comandos de la Frontera que, según la información publicada, se habían desmovilizado y permanecían concentrados en Putumayo para iniciar su tránsito hacia la vida civil. La terminación de la mesa no aclara automáticamente qué garantías jurídicas, de seguridad y reincorporación conservarán esas personas.
La decisión administrativa tampoco elimina la obligación estatal de proteger a comunidades situadas en zonas de confrontación. Putumayo, Nariño, Magdalena Medio y la Sierra Nevada reúnen territorios donde la presencia institucional es desigual y donde los grupos armados participan en narcotráfico, extorsión y control territorial. El cierre de un canal de negociación puede modificar el comportamiento de esas estructuras, pero sus efectos no pueden anticiparse sin datos operativos.
Seguridad, justicia y próximos pasos
El Ejecutivo deberá precisar si pretende sustituir las conversaciones por mecanismos de sometimiento colectivo, procesos judiciales individuales o una estrategia exclusivamente militar. También tendrá que determinar qué compromisos territoriales, humanitarios y de desarme continúan vigentes y cuáles quedan jurídicamente extinguidos con las nueve resoluciones.
Las autoridades judiciales deberán revisar las órdenes de captura y los expedientes de extradición caso por caso. La Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, los gobiernos territoriales y las organizaciones que acompañaban los diálogos tendrán un papel relevante para evitar vacíos de protección. La ruptura política está confirmada; sus consecuencias sobre la violencia, el control territorial y la reincorporación todavía están abiertas.
