El acuerdo, adoptado por los ministros del Interior de los Estados miembros, fija la posición del Consejo de la UE para negociar con el Parlamento Europeo una nueva regulación común en materia de retornos y gestión de la migración. Las disposiciones prevén que los gobiernos puedan firmar acuerdos bilaterales con países no pertenecientes a la UE para establecer “centros de retorno” donde se traslade a las personas con solicitudes de asilo rechazadas mientras se tramita su deportación.
Según el texto, los centros podrán funcionar como espacios de tránsito, en los que los migrantes sean procesados antes de ser enviados a su país de origen, o como instalaciones de estancia más prolongada mientras se completan los procedimientos de readmisión. La nueva normativa también abre la puerta a devolver a los migrantes a países distintos del de origen, siempre que figuren en una lista común de “países seguros” o exista un acuerdo de readmisión que los considere adecuados para el retorno.
El paquete incluye además medidas para reforzar la coerción sobre quienes han recibido una orden de salida y no abandonan voluntariamente el territorio europeo. Entre ellas figuran la posibilidad de imponer períodos de detención más largos, sanciones para quienes incumplan las obligaciones asociadas al procedimiento de retorno y restricciones en la concesión de permisos de residencia futuros.
Estas decisiones se enmarcan en el desarrollo del Pacto de Migración y Asilo, adoptado en 2024, que introduce procedimientos más rápidos en frontera para solicitantes con pocas probabilidades de obtener protección y refuerza el vínculo entre control migratorio y cooperación con terceros países. Paralelamente, los Estados han pactado un mecanismo de “solidaridad” que combina reubicaciones mínimas de solicitantes de asilo dentro de la UE con contribuciones financieras de los países que opten por no recibirlos.
A pesar de que las llegadas irregulares a Europa han disminuido alrededor de un 20% en lo que va de 2025 respecto al año anterior, la presión política para endurecer las políticas migratorias se ha mantenido, impulsada por el avance de fuerzas de derecha y extrema derecha en varios Estados miembros. Organizaciones de derechos humanos y expertos en asilo han expresado preocupación por el impacto de los “centros de retorno” sobre las garantías jurídicas y las condiciones de acogida, advirtiendo de posibles vulneraciones de las obligaciones internacionales en materia de protección de refugiados.
