El sábado 24 de enero, agentes de inmigración dispararon mortalmente contra Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, durante una intervención en una calle del sur de Minneapolis en el marco de la llamada “Operation Metro Surge”, que ha desplegado a miles de agentes federales en la ciudad para reforzar los controles vinculados a la política migratoria de Trump. Según el relato inicial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los agentes actuaron en “defensa propia” después de que Pretti se acercara con un arma de fuego y se resistiera a ser desarmado, versión que ha sido puesta en duda por vídeos difundidos en redes sociales y analizados por varios medios estadounidenses.
En declaraciones al Wall Street Journal, Trump evitó pronunciarse sobre si el agente que disparó actuó correctamente y se limitó a afirmar que su Gobierno “lo está mirando” y “revisando todo” antes de tomar una determinación. El presidente añadió que, “en algún momento”, retirará a los agentes federales de Minneapolis, aunque sin ofrecer un calendario concreto, y defendió que sus equipos “han hecho un trabajo fenomenal” en la ciudad. Paralelamente, altos cargos de su Administración han seguido respaldando públicamente la actuación de los agentes y describiendo a Pretti como una amenaza, mientras se anuncia una investigación interna sobre lo ocurrido.
El caso de Pretti es el segundo tiroteo mortal de agentes de inmigración contra ciudadanos estadounidenses en Minneapolis en menos de tres semanas, tras la muerte de Renee Good el 7 de enero, lo que ha catalizado la indignación social y ha intensificado el escrutinio sobre la presencia de fuerzas federales en Minnesota. Miles de personas se han manifestado en la ciudad y en otros puntos del país para reclamar la retirada inmediata de los agentes y el fin de lo que describen como una escalada represiva contra inmigrantes y ciudadanos que protestan contra las operaciones migratorias. En las concentraciones se han registrado enfrentamientos con las fuerzas federales, que han utilizado gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a los manifestantes, según vídeos verificados por medios internacionales.
Las imágenes de la secuencia del tiroteo de Pretti han abierto una brecha entre la versión oficial y la percepción pública. En varios vídeos se observa cómo el hombre es rociado con un agente químico y derribado por los agentes, y cómo uno de ellos parece retirar un arma de la escena antes de que se escuchen una decena de disparos en apenas cinco segundos. Expertos citados por medios estadounidenses señalan que las grabaciones plantean dudas sobre si Pretti seguía armado en el momento de los disparos, uno de los puntos clave que deberá aclarar la investigación.
Las autoridades de Minnesota han denunciado que el Gobierno federal ha obstaculizado las pesquisas estatales. El gobernador Tim Walz ha calificado la actuación de los agentes de “indignante” y ha exigido a Trump que ponga fin a la operación federal y retire a los “miles de oficiales no entrenados y agresivos” desplegados en el estado, advirtiendo de que el país está en un “punto de inflexión”. La Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota ha acusado al DHS de impedir el acceso de sus investigadores a la escena del crimen, mientras el Departamento de Correcciones estatal ha lanzado una web específica para contrarrestar lo que considera afirmaciones falsas del Gobierno federal sobre su cooperación en materia migratoria.
La muerte de Pretti ha provocado también una fuerte reacción entre figuras nacionales de ambos partidos. Los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton, junto a sus esposas, han emitido comunicados donde califican el caso como una “llamada de atención” sobre el deterioro de los valores democráticos y el uso de la fuerza por parte de las autoridades migratorias, mientras que destacados republicanos han pedido una investigación “exhaustiva” que incluya a autoridades federales y estatales. El senador republicano Bill Cassidy y otros congresistas han sugerido que Trump debería considerar la retirada de los agentes de Minneapolis, en contraste con sectores del partido que respaldan sin matices la campaña de endurecimiento migratorio.
La familia de Pretti ha rechazado con firmeza los intentos oficiales de presentar al enfermero como un “terrorista doméstico” y ha acusado a la Administración Trump de difundir “mentiras repugnantes” sobre su hijo para justificar el uso letal de la fuerza. Testigos presenciales y profesionales sanitarios que acudieron a auxiliarlo han denunciado que se les impidió durante varios minutos atender a la víctima pese a haberse identificado, lo que, a su juicio, podría haber comprometido sus posibilidades de supervivencia. Organizaciones de derechos civiles y colectivos contra la brutalidad policial han anunciado demandas y han pedido que el caso se investigue también a nivel federal independiente, con especial atención a la cadena de mando política de las operaciones migratorias.
En este contexto, el anuncio de Trump de que “se está revisando todo” se interpreta como un intento de ganar tiempo frente a la presión política, judicial y social que rodea a la operación migratoria en Minneapolis. Analistas consultados por medios estadounidenses señalan que la Casa Blanca se enfrenta al dilema de mantener una estrategia migratoria muy dura, que es clave en el discurso del presidente, o recalibrar su despliegue de agentes tras una cadena de incidentes mortales que ha erosionado la confianza de parte de la ciudadanía y ha tensado al máximo la relación con las autoridades estatales.
