1. Recrudecimiento de las medidas migratorias
El presidente Luis Abinader activó el pasado abril un paquete de 15 medidas para “garantizar la soberanía y seguridad nacional”, que incluyen patrullajes en carreteras, bloqueos de rutas informales y verificación forzosa de estatus migratorio en zonas urbanas y rurales. Activistas denuncian detenciones arbitrarias sin posibilidad de apelación y la exigencia de permisos de trabajo onerosos, lo que ha multiplicado las expulsiones colectivas y generado un clima de miedo entre las comunidades haitianas.
2. Crisis de derechos humanos
Informes de El País relatan casos de mujeres haitianas sometidas a abusos sexuales por parte de agentes migratorios para evitar su deportación, así como el abandono escolar de niños que temen ser separados de sus familias. Amnistía Internacional ha condenado estas prácticas como discriminatorias y alertado sobre la “falta de evaluación individual de cada caso” en las expulsiones, lo que podría constituir violaciones de los convenios internacionales sobre no devolución y trato digno.
3. Impacto en sectores clave de la economía
La escasez súbita de mano de obra ha provocado retrasos y paralización en obras de construcción turística en Punta Cana y Santo Domingo, así como una caída del 20 % en la cosecha de productos agrícolas de temporada, según cámaras empresariales locales. El sector agroexportador advierte pérdidas millonarias si persisten las redadas en zonas rurales, donde hasta el 40 % de los trabajadores son haitianos.
4. Reacciones y presiones internacionales
Organismos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han instado al Gobierno dominicano a revisar sus protocolos y garantizar acceso efectivo a apelaciones legales. Mientras tanto, la ONU ha expresado su preocupación por la posible “limpieza étnica” implícita en las operaciones de expulsión masiva, y varios embajadores remitieron notas diplomáticas para exigir el cese de prácticas abusivas.
5. Perspectivas y llamadas a la acción
Defensores de derechos humanos y actores económicos demandan la creación de canales regulares de migración laboral y la implementación de un sistema ágil de permisos temporales. Asimismo, piden el establecimiento de mecanismos de monitoreo independiente para prevenir abusos y restablecer la confianza de los migrantes haitianos. El reto de la República Dominicana será equilibrar sus necesidades de seguridad con el respeto a los derechos humanos y la viabilidad económica de sectores fundamentales.
