Ante la saturación del sistema de acogida en Canarias y el retraso en la tramitación de expedientes, el Gobierno de España ha lanzado un plan urgente para regularizar a miles de menores migrantes no acompañados que permanecen en las islas sin documentación legal. De los 5.800 menores tutelados, apenas 800 cuentan con autorización de residencia, lo que representa solo el 14% del total .
El plan, que se implementará hasta finales de mayo, se centrará en la oficina de extranjería de Las Palmas, donde se acumulan 986 expedientes pendientes, 840 de los cuales deben ser tramitados de oficio al haber superado los 90 días sin documentación. Para agilizar el proceso, se ofrecerán incentivos económicos a los funcionarios que trabajen fuera de horario, abonando cinco euros por cada expediente procesado, con una inversión total inferior a 5.000 euros .
La falta de coordinación entre el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico canario, las dificultades para identificar y documentar a los menores, y el papel limitado de la fiscalía han contribuido al atasco administrativo. Documentar previamente a los menores es considerado esencial, especialmente antes de su reubicación a otras comunidades autónomas a partir de julio, para evitar duplicidad de trámites y garantizar el cumplimiento legal .
Paralelamente, el Congreso de los Diputados ha convalidado recientemente un real decreto ley que establece un mecanismo permanente para la reubicación de menores migrantes no acompañados desde regiones con alta presión migratoria, como Canarias y Ceuta, hacia otras comunidades autónomas. El decreto, aprobado previamente por el Gobierno, modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería y recibió 179 votos a favor, 170 en contra —entre ellos los del Partido Popular y Vox— y una abstención .
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha celebrado la aprobación del real decreto, destacando la importancia de este día para Canarias y España, y agradeciendo el apoyo de todas las fuerzas políticas excepto Vox. Clavijo ha criticado duramente a responsables políticos como Isabel Díaz Ayuso y Carlos Mazón, quienes han expresado su oposición al decreto, y ha pedido lealtad para su correcta aplicación .
Sin embargo, el plan de reubicación ha generado tensiones políticas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que llevará ante los tribunales y la Unión Europea el acuerdo entre el Gobierno español y Junts que limita la llegada de menores migrantes no acompañados a Cataluña, mientras que Madrid acogerá más de 700. Ayuso critica que el Gobierno utilice a estos menores como herramienta política y describe el pacto como “lamentable” .
A pesar de las controversias, el Gobierno central insiste en que el plan busca garantizar el interés superior del menor y fomentar la solidaridad entre comunidades. Se ha establecido un plazo de un año para la reubicación, asegurando todas las garantías para los menores, incluyendo la emisión de informes por parte de la Fiscalía .
La situación en Canarias, donde la capacidad de acogida ha sido superada tres veces, ha llevado a declarar una situación de contingencia migratoria extraordinaria. Esta declaración permite activar el mecanismo de reubicación y garantizar una atención adecuada a los menores migrantes no acompañados .
