La administración de Donald Trump envió a El Salvador a otros 17 migrantes señalados como presuntos miembros de pandillas, entre ellos personas vinculadas al Tren de Aragua y la MS-13, aunque un juez federal había ordenado suspender ese tipo de traslados. El caso vuelve a poner en el centro la disputa entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en torno al uso de una ley de 1798 para acelerar deportaciones.
Qué ocurrió
El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la operación como una “exitosa acción antiterrorista” realizada con apoyo de El Salvador, y afirmó que los deportados eran “criminales violentos”. Según la información divulgada por la Casa Blanca y medios estadounidenses, el grupo incluía personas con antecedentes penales, un admitido pandillero y acusados de delitos graves, aunque no se presentaron pruebas públicas que acreditaran todas esas imputaciones.
El choque legal
La deportación se produjo pese a que un juez federal había prohibido al Gobierno invocar la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798 para justificar este tipo de expulsiones. Esa orden judicial abrió un nuevo frente legal sobre el alcance de las decisiones migratorias de la administración Trump y sobre si la Casa Blanca desobedeció o forzó los límites de la resolución del tribunal.
Acuerdo con El Salvador
El traslado forma parte del entendimiento entre Washington y el Gobierno de Nayib Bukele para recibir a supuestos delincuentes expulsados desde EE.UU. a cambio de una compensación económica. En marzo, ya habían aterrizado en El Salvador 238 venezolanos deportados, en una operación también controvertida por las denuncias de falta de debido proceso.
Críticas y denuncias
Organizaciones de derechos civiles han cuestionado el uso de detenciones y deportaciones masivas sin información suficiente para los afectados ni acceso oportuno a defensa legal. En el caso de los vuelos a El Salvador, las críticas se centran en la ausencia de pruebas públicas, la rapidez de los traslados y el riesgo de que personas sin condena penal sean tratadas como criminales sin una revisión individualizada.
Impacto regional
El aumento de deportaciones hacia El Salvador se produce mientras la política migratoria de la administración Trump endurece controles y amplía las expulsiones en toda la región. Datos oficiales salvadoreños citados por medios locales apuntan a un fuerte incremento de retornos desde Estados Unidos en el primer trimestre de 2026, lo que evidencia una intensificación de la presión migratoria sobre Centroamérica.
Qué sigue
El caso puede seguir escalando en los tribunales estadounidenses, donde la defensa y organizaciones civiles han pedido revisar la legalidad de las deportaciones realizadas bajo una norma históricamente reservada para tiempos de guerra. La próxima fase judicial será clave para determinar si la administración podrá mantener este mecanismo o si los jueces impondrán nuevas restricciones.
