El Ministerio de Comunicación congoleño anunció el pacto, que incluye la preparación de infraestructuras en Kinshasa para el seguimiento administrativo, de seguridad y humanitario de los deportados. Las autoridades precisaron que el Gobierno de EE.UU. financiará y gestionará la logística a través de agencias especializadas en movimientos de personas.
La RDC se suma así a países africanos como Esuatini, Ghana, Ruanda, Sudán del Sur, El Salvador, Uganda y Guinea Ecuatorial que han firmado acuerdos similares con la Administración de Donald Trump. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Washington ha priorizado las deportaciones a terceros países, con al menos 47 pactos en negociación y 15 concretados, según datos de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.
La Corte Suprema de EE.UU. autorizó estas expulsiones en junio de 2025, permitiendo el envío de migrantes sin vínculos con los destinos finales. Un informe demócrata indica que el Gobierno federal ha gastado al menos 40 millones de dólares en deportar a unos 300 individuos a naciones ajenas a su origen.
Organizaciones como Human Rights Watch han criticado los acuerdos, denunciando riesgos de detención arbitraria, malos tratos y devoluciones forzadas en países receptores. La ONG argumenta que estas prácticas violan el Derecho Internacional y exponen a cientos de personas a peligros en destinos como Ruanda o Sudán del Sur.
Kinshasa ha presentado el convenio como parte de sus compromisos internacionales en protección de migrantes, destacando su experiencia con realidades humanitarias. Sin embargo, el Ejecutivo congoleño ha aclarado que evaluará cada caso individualmente y no prevé traslados automáticos ni externalización de políticas migratorias estadounidenses.
El pacto se enmarca en un contexto de negociaciones bilaterales más amplias, incluyendo esfuerzos por resolver el conflicto en las provincias orientales de la RDC con el grupo rebelde M23, respaldado por Ruanda. Estos acuerdos migratorios forman parte de la estrategia de Trump para reducir la presión en las fronteras de EE.UU. mediante expulsiones masivas.
