El Senado de Argentina rechaza amplio decreto de necesidad para desregular la economía

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En una votación que ha capturado la atención nacional, el Senado argentino ha rechazado por mayoría el extenso decreto de necesidad y urgencia (DNU) destinado a desregular la economía, dictado en diciembre pasado por el presidente del país, Javier Milei.

El denominado ‘mega decreto’ fue descartado con 42 votos en contra del instrumento firmado por Milei, mientras que 25 senadores se pronunciaron a favor y cuatro optaron por la abstención. Este rechazo implica que el decreto será enviado a la Cámara de Diputados para su posterior tratamiento, mientras que, por el momento, sigue vigente.

El DNU 70/2023, titulado “bases para la reconstrucción de la economía argentina”, fue emitido por Milei el 21 de diciembre, apenas unos días después de asumir la presidencia argentina. Este decreto, junto con el proyecto de la denominada ‘ley ómnibus’, conforma el núcleo de las ambiciosas reformas propuestas por Milei, ya que deroga alrededor de 80 leyes y modifica otras 300 normativas.

Varios gobernantes han mostrado su rechazo 

La oposición política, tanto en el Parlamento como entre los gobernadores de provincias, ha mostrado su rechazo hacia el decreto. Se suspendió el capítulo relacionado con una reforma laboral a petición de los sindicatos, y otros aspectos del decreto fueron objetados por la provincia de La Rioja ante la Corte Suprema.

“Este decreto es nulo de nulidad absoluta por tomar disposiciones que son atribuciones del Poder Legislativo”, afirmó el senador José Mayans, del bloque peronista Unión por la Patria, respaldando la invalidez del DNU. Por otro lado, el senador oficialista Ezequiel Atauche defendió el DNU argumentando que “Argentina está en urgencia” y que la política debe estar “lista para cambiar”.

El DNU será sometido a análisis en la Cámara de Diputados

Tras el rechazo en el Senado, el DNU será sometido a análisis en la Cámara de Diputados, donde también podría enfrentar dificultades para ser convalidado, lo que llevaría a su anulación. Además del decreto, Milei envió en diciembre al Parlamento un proyecto de ley con medidas y reformas amplias, pero debido a la falta de acuerdo con la oposición y el Gobierno, el proyecto naufragó en su tratamiento parlamentario.

Ante esta situación, el presidente Milei propuso a los gobernadores firmar un nuevo “pacto fundacional” el 25 de mayo, condicionado a la aprobación previa de un acuerdo fiscal y la ‘ley ómnibus’, que el Ejecutivo está impulsando nuevamente con algunas modificaciones.

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