Una reacción nueva ante una decisión del viernes
El Departamento de Estado publicó su posición el sábado 25 de julio. Washington dio la bienvenida al anuncio de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y vinculó la decisión con los esfuerzos estadounidenses para desmantelar la Corte.
El acontecimiento original ocurrió el viernes 24, cuando el canciller Félix Plasencia afirmó que Venezuela había comunicado al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, su decisión de denunciar el Estatuto de Roma. Por tanto, la retirada venezolana no se produjo dentro de la jornada del domingo: la novedad seleccionada es la adhesión pública de Estados Unidos y su llamamiento para que otros países abandonen el tribunal.
Los argumentos empleados por Washington
El Departamento de Estado describió a la CPI como una institución corrupta, carente de valor y afectada por sesgo político y aplicación selectiva de la justicia. También criticó la duración de las investigaciones relacionadas con Venezuela y sostuvo que el tribunal dedica recursos a ciudadanos de países que nunca aceptaron su jurisdicción.
Estados Unidos firmó el Estatuto de Roma, pero nunca lo ratificó y no es Estado parte. Sus administraciones han rechazado especialmente las investigaciones que podrían alcanzar a ciudadanos estadounidenses o de países aliados que tampoco pertenecen a la Corte. La posición comunicada ahora va más allá de formular objeciones jurisdiccionales: pide a los miembros que abandonen el tratado constitutivo.
La justificación presentada por Venezuela
Caracas sostiene que la CPI ha concentrado desproporcionadamente su actividad sobre países africanos y latinoamericanos y que esa distribución refleja un sesgo contra el llamado sur global. Plasencia describió la retirada como firme e irrevocable, mientras Rodríguez acusó al tribunal de politizar sus actuaciones contra el Estado y el pueblo venezolanos.
La Asamblea Nacional había preparado jurídicamente el movimiento en diciembre de 2025 al derogar la ley que ratificó el Estatuto de Roma. La decisión llegó después del cierre de la oficina de la Fiscalía en Caracas, atribuido a la falta de cooperación y de avances sustantivos.
La retirada no tiene efecto inmediato
El artículo 127 del Estatuto de Roma establece que una denuncia entra en vigor un año después de que el secretario general de la ONU reciba la notificación formal, salvo que el documento fije una fecha posterior. La Corte señaló inicialmente que todavía no había recibido la comunicación a través de la Oficina de Tratados de Naciones Unidas. Por ello, no es posible fijar con seguridad la fecha exacta de salida hasta que el depositario registre la recepción.
Durante el periodo de transición, Venezuela continúa siendo Estado parte y mantiene sus obligaciones de cooperación. Incluso después de que la retirada sea efectiva, el tratado establece que la decisión no elimina las obligaciones surgidas mientras el país era miembro ni perjudica las investigaciones y procedimientos iniciados con anterioridad.
La investigación sobre Venezuela permanece abierta
La CPI mantiene una investigación sobre presuntos crímenes contra la humanidad cometidos en Venezuela. El expediente se refiere a actuaciones atribuidas a funcionarios civiles, fuerzas de seguridad y personas vinculadas con el Estado durante la represión de protestas y opositores desde, al menos, 2017. Las alegaciones deberán ser probadas mediante el procedimiento judicial y no constituyen condenas anticipadas contra individuos determinados.
La investigación formal se abrió en 2021, después de una fase preliminar y de una remisión presentada por varios Estados. Venezuela intentó detenerla argumentando que sus instituciones nacionales investigaban los hechos, pero la Corte autorizó en 2023 la continuación de las pesquisas. Esa discusión responde al principio de complementariedad: la CPI interviene cuando considera que los sistemas nacionales no realizan actuaciones genuinas y suficientes sobre los delitos de su competencia.
Una coincidencia política, no una identidad jurídica
Estados Unidos y Venezuela coinciden en denunciar politización y falta de credibilidad, pero parten de situaciones diferentes. Washington nunca quedó obligado por el Estatuto porque no lo ratificó; Venezuela sí lo ratificó en 2000 y ha estado sometida a sus derechos y obligaciones durante más de un cuarto de siglo. Caracas, además, es objeto de una investigación activa.
El respaldo estadounidense revela una convergencia política específica dentro de la relación construida con el Gobierno provisional venezolano. No significa que ambos países compartan una estrategia general de justicia internacional ni que Washington pueda decidir el cierre del expediente. La CPI es una institución independiente de Naciones Unidas y sus actuaciones se rigen por el Estatuto y las decisiones de sus jueces.
El impacto para las víctimas y el tribunal
La retirada puede dificultar en la práctica la obtención de documentos, entrevistas y acceso territorial si las autoridades venezolanas reducen aún más su cooperación. No obstante, la competencia sobre hechos presuntamente cometidos mientras Venezuela era miembro no desaparece. La Fiscalía puede continuar trabajando con fuentes externas, organizaciones civiles, víctimas y Estados que colaboren con el tribunal.
Para la CPI, el llamamiento estadounidense pretende convertir una decisión nacional en una campaña más amplia contra su legitimidad. El efecto dependerá de si algún otro Estado parte anuncia una retirada. Una salida colectiva reduciría la cobertura geográfica y los recursos de la Corte; la ausencia de adhesiones mostraría, por el contrario, que la coincidencia entre Washington y Caracas permanece aislada.
Los próximos pasos verificables
La primera señal formal será el registro de la notificación por la Oficina de Tratados de la ONU, que permitirá calcular el plazo exacto de un año. Posteriormente deberán observarse las decisiones de la Fiscalía sobre el caso Venezuela, las respuestas de los Estados miembros y el grado de cooperación que mantenga Caracas durante la transición.
La cuestión central no es únicamente si Venezuela dejará de ser miembro, sino qué ocurrirá con una investigación ya abierta y con las expectativas de las presuntas víctimas. La retirada modifica la relación futura con la Corte, pero no convierte en inexistentes los procedimientos anteriores. El apoyo de Estados Unidos amplifica el coste político para la CPI sin resolver esa continuidad jurídica.
