Una detención efectuada en el sur de Chile
Haase Mazzei, de 80 años, fue localizado en una propiedad rural de Puyehue, en la región de Los Lagos, aproximadamente 850 kilómetros al sur de Santiago. La detención ocurrió el sábado 25; las principales publicaciones internacionales aparecieron el domingo 26.
La ministra en visita para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, ordenó su ingreso inmediato en prisión. La medida no abre un nuevo juicio: ejecuta una condena definitiva ratificada por la Corte Suprema en agosto de 2023. Haase no se presentó entonces a cumplirla y permaneció prófugo durante casi tres años.
Veinticinco años por homicidios y secuestros
La sentencia impuso a Haase 15 años y un día de prisión como autor de los homicidios calificados de Jara y Quiroga, además de diez años y un día por sus secuestros calificados. El total comunicado por el Poder Judicial y reproducido por EFE es de 25 años y dos días. Las penas corresponden a dos clases de delitos y a dos víctimas, no únicamente al asesinato del cantautor.
Emol informó sobre la captura a las 21:50 del sábado y recordó que siete militares retirados fueron condenados definitivamente en la causa. Haase era el único que no se encontraba cumpliendo la sentencia. La resolución firme estableció responsabilidades penales individuales y descartó la versión con la que el antiguo oficial negó su intervención.
Los crímenes posteriores al golpe de Estado
Víctor Jara, músico, compositor y director teatral, fue detenido el 12 de septiembre de 1973 en la Universidad Técnica del Estado, un día después del golpe militar que derrocó al presidente Salvador Allende. Fue trasladado al Estadio Chile junto con miles de detenidos. Littré Quiroga, abogado y director general de Prisiones, también quedó bajo custodia militar.
Ambos fueron asesinados el 16 de septiembre. Jara tenía 40 años y Quiroga, 33. El tribunal determinó que Haase tuvo una participación directa en el encierro y la muerte de las víctimas dentro del recinto, según el contenido de la sentencia examinado por El País. La causa judicial atribuyó los hechos a agentes estatales y los situó entre las violaciones de derechos humanos cometidas durante los primeros días de la dictadura de Augusto Pinochet.
Dos víctimas con responsabilidades públicas distintas
La proyección internacional de Jara convirtió su caso en uno de los símbolos más reconocibles de la represión chilena. Su trabajo musical, teatral y universitario quedó vinculado desde entonces a la defensa de los derechos humanos. Esa relevancia, sin embargo, no debe eclipsar a Quiroga, quien dirigía el sistema penitenciario y fue detenido debido a su función pública y a su identificación con el Gobierno derrocado.
La sentencia conjunta y la detención de Haase recuerdan que la investigación no trató un único asesinato aislado. Reconstruyó el destino de dos personas llevadas al mismo centro de detención y estableció responsabilidades por secuestrarlas y matarlas. Presentar ambos nombres resulta indispensable para evitar que la notoriedad artística de Jara reduzca la dimensión completa del expediente.
Una condena firme que tardó décadas
La resolución definitiva llegó casi cincuenta años después de los hechos. Las investigaciones estuvieron condicionadas durante décadas por la dictadura, la falta de colaboración institucional, la dispersión de antecedentes y el silencio de antiguos integrantes de las Fuerzas Armadas. La identificación de responsables requirió comparar testimonios, archivos y funciones ejercidas dentro del Estadio Chile.
La demora también afectó la eficacia de la pena. Cuando una condena por crímenes históricos se dicta contra personas de edad avanzada, aumentan las probabilidades de fallecimiento, incapacidad o fuga antes de completar el castigo. Haase permaneció fuera del alcance de la Justicia desde 2023 pese a que ya no existían recursos ordinarios capaces de revertir su responsabilidad penal.
La reacción de la Fundación Víctor Jara
La Fundación Víctor Jara valoró que el antiguo oficial fuera encontrado y encarcelado, pero advirtió que resulta difícil considerar justicia una respuesta obtenida después de medio siglo. La declaración fue firmada por Amanda Jara, hija del cantautor, y pidió que la Policía de Investigaciones actúe con la misma diligencia para localizar a otros prófugos condenados por crímenes de lesa humanidad.
El historiador y biógrafo Mario Amorós calificó la captura como un paso adicional contra la impunidad. Su valoración, recogida por El Mostrador, combina dos realidades: la relevancia de hacer efectiva una sentencia y la imposibilidad de reparar completamente el daño causado por una demora de más de cinco décadas.
Qué cambia con el encarcelamiento
La detención cierra la condición de prófugo del último condenado en esta causa, pero no borra sus efectos humanos ni institucionales. Haase deberá comenzar a cumplir las penas impuestas, bajo las normas penitenciarias y controles judiciales aplicables. Su edad puede requerir atención médica, aunque cualquier modificación del régimen de cumplimiento necesitaría una decisión fundada y no altera la sentencia.
El expediente adquiere además valor como precedente para otras investigaciones por violaciones de derechos humanos. Demuestra que una condena firme conserva efectos aunque transcurran años y que la obligación estatal no termina con la emisión del fallo: incluye localizar al condenado y ejecutar la pena. Para las familias, la captura ofrece una respuesta concreta, pero también confirma la magnitud de una espera que abarcó más de medio siglo.
