El pasado 21 de abril, John Kennedy Javier Sebastián, un recluso de 22 años, logró escapar del penal de Lurigancho, una de las prisiones más hacinadas de Latinoamérica. El interno burló los controles de seguridad, escaló la malla perimétrica y se lanzó desde un muro de tres metros, mientras era grabado por vecinos del penal.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó que los intentos por evitar la fuga fueron “infructuosos” y anunció medidas drásticas, incluida la destitución del director del penal, Víctor Santos Huapaya, y el relevo del personal de seguridad involucrado.
Además, tres agentes del INPE fueron detenidos por presunta complicidad en la fuga y denunciados ante la Fiscalía.
El abogado del recluso aseguró que su cliente era tranquilo y que escapó porque estaba siendo agredido por otros internos.
Este incidente ha reavivado el debate sobre la crisis penitenciaria en Perú. El penal de Lurigancho, diseñado para albergar a 2.500 internos, cuenta actualmente con más de 10.000 reclusos, lo que representa una sobrepoblación del 400%.
Las condiciones precarias, la falta de personal y la corrupción son problemas recurrentes en el sistema penitenciario peruano. En algunas celdas, hasta 10 personas duermen en el suelo, sin colchones, con acceso limitado a agua y con servicios higiénicos colapsados.
La fuga de John Kennedy Javier Sebastián no es un hecho aislado. En 2013, cinco reclusos se escaparon disfrazados de civiles por la puerta principal de Lurigancho.
Este nuevo escape pone en evidencia la necesidad urgente de reformas estructurales en el sistema penitenciario peruano para garantizar la seguridad y los derechos humanos de los internos.
