Según denuncias ampliamente difundidas en redes sociales y recogidas por medios, el sacrificio de 10.000 perros se habría prolongado durante años en el Centro de Bienestar Animal de Tecámac, un espacio supuestamente pensado para la protección y esterilización de animales. La propia Gutiérrez elevó la cifra a 10.962 en su informe de gobierno, y explicó que cada caso contaba con justificación administrativa y respaldo de protocolos de eutanasia.
La exalcaldesa afirma que la mayoría de los perros intervenidos se encontraban en condiciones de salud muy deficientes, con enfermedades avanzadas o comportamientos agresivos documentados mediante fotos y denuncias ciudadanas. Sostiene, además, que la medida buscaba reducir mordeduras, proteger a la población y evitar el sufrimiento de animales en situación de alto riesgo.
No obstante, organizaciones animalistas y expertos de derecho cuestionan que la legislación permita esta práctica a tal escala. La Federación Nacional de Organismos de Protección Animal y otras entidades afirman que la norma de eutanasia solo autoriza la intervención individual en determinados supuestos, no un programa masivo de “exterminio” de población canina callejera, y denuncian un vacío entre lo legal y lo éticamente aceptable.
El caso ha desatado una investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que analiza si existen posibles delitos de maltrato animal, delitos que pueden alcanzar hasta seis años de prisión, con agravantes cuando se trata de servidores públicos. Algunos activistas señalan que, aun cuando la norma facilite la eutanasia, la ausencia de transparencia y documentación médica individualizada plantea dudas sobre la aplicación real del procedimiento.
El caso de Tecámac se enmarca además en una crisis estructural de abandono animal en México, especialmente en zonas metropolitanas. En la Ciudad de México, se estima que más de un millón de perros y gatos viven en situación de calle, mientras muchos refugios operan al límite de su capacidad y sin un respaldo presupuestario ni un marco legal claro.
La polémica ha empujado a autoridades federales a hablar de la necesidad de revisar la normativa de eutanasia y fortalecer políticas de control de población canina, esterilización masiva, adopción responsable y educación en tenencia de animales. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que la situación requiere “más protección y menos sacrificio”, aunque subraya que la discusión debe pasar por el Congreso, donde se discuten reformas al Código Penal y al marco de protección animal.
