Siria destruye por primera vez en diez años armas químicas del régimen de Assad
Primera destrucción verificada desde 2014
La alta representante de Naciones Unidas para Asuntos de Desarme, Izumi Nakamitsu, informó al Consejo de Seguridad de que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, conocida como OPAQ, verificó la destrucción irreversible de 42 bombas aéreas. La misión fue la primera que confirmó una operación semejante en Siria en más de una década.
Las bombas pertenecían a la denominada categoría 3 de la Convención sobre Armas Químicas. Esta clasificación comprende municiones sin llenar y equipos diseñados para emplear agentes tóxicos. Que estuvieran vacíos no eliminaba su relevancia: podían formar parte de una capacidad operativa o aportar pruebas sobre instalaciones, cadenas de mando y métodos de producción.
La destrucción irreversible implica que las carcasas y componentes quedaron físicamente inutilizados y no pueden volver a emplearse como municiones químicas. Los inspectores internacionales deben observar o certificar el procedimiento para garantizar que el material no haya sido trasladado, ocultado o simplemente almacenado en otro lugar.
Naciones Unidas calificó el proceso como un avance significativo, pero no declaró concluido el desarme sirio. Continúan pendientes la inspección de instalaciones, la identificación de sustancias, el contraste de inventarios y la aclaración de numerosas discrepancias acumuladas desde que Damasco presentó su declaración inicial en 2013.
Un arsenal clandestino localizado en mayo
Las nuevas autoridades sirias comunicaron en mayo el descubrimiento de materiales vinculados al antiguo programa de Assad. Entre los hallazgos figuraban materias primas, municiones semejantes a las utilizadas durante la guerra civil y un compuesto químico empleado en la producción de agentes nerviosos, según Nakamitsu y Reuters.
Damasco declaró además una instalación de producción no comunicada anteriormente y dos depósitos donde se conservaban los materiales recién localizados. La existencia de centros fuera del inventario oficial refuerza las sospechas de que el Gobierno anterior nunca reveló completamente las dimensiones de su programa.
Los agentes nerviosos son sustancias extremadamente tóxicas que alteran el funcionamiento del sistema encargado de transmitir señales entre los nervios y los músculos. La Convención sobre Armas Químicas prohíbe su desarrollo, producción, almacenamiento y empleo con fines bélicos.
La prioridad técnica consiste ahora en caracterizar cada sustancia, verificar su cantidad y destruirla de forma segura. Estas operaciones requieren equipos especializados, protección ambiental y una cadena de custodia que permita conservar pruebas relevantes para futuros procesos judiciales.
El incumplimiento de la era Assad
Siria se incorporó a la Convención sobre Armas Químicas en 2013, después del ataque con sarín contra zonas controladas por la oposición en Guta Oriental. El acuerdo condujo a la retirada y destrucción internacional de centenares de toneladas de sustancias declaradas por el Gobierno.
El antiguo Ejecutivo aseguró posteriormente que había eliminado todo su arsenal. Sin embargo, inspectores de la OPAQ mantuvieron durante años abiertas numerosas cuestiones sobre lugares, precursores químicos, municiones y cantidades que no podían conciliarse con la declaración oficial.
Investigaciones internacionales atribuyeron a las fuerzas de Assad varios ataques con sustancias prohibidas durante la guerra. El antiguo Gobierno negó sistemáticamente esas acusaciones y sostuvo que grupos insurgentes habían organizado o ejecutado algunos de los incidentes.
La aparición de instalaciones y materiales no declarados confirma que la documentación anterior era incompleta. No permite determinar automáticamente quién ordenó cada ataque, pero puede aportar información física y administrativa para reconstruir responsabilidades.
Dieciocho sospechosos bajo custodia
Las autoridades sirias detuvieron durante 2026 a 18 personas por su presunta participación en el programa químico. Entre ellas habría antiguos responsables militares, políticos y técnicos de alto nivel, según el embajador sirio ante Naciones Unidas, Ibrahim Olabi.
Olabi anunció que Siria prepara la primera audiencia judicial contra sospechosos relacionados con el programa. La detención no equivale a una condena, y las autoridades todavía deben publicar acusaciones concretas, garantizar defensa jurídica y mostrar que el tribunal actuará con independencia.
Los procesos podrían abarcar la fabricación y ocultación del arsenal, pero también los ataques cometidos contra civiles. Para establecer responsabilidad penal será necesario conectar las decisiones de superiores políticos o militares con operaciones concretas, unidades ejecutoras y víctimas identificadas.
La conservación de archivos, muestras y testimonios resulta esencial. Destruir una munición por seguridad no debería significar eliminar evidencia: antes de inutilizarla deben documentarse su composición, número de serie, localización y relación con otras instalaciones.
Israel y la seguridad de los equipos
El representante sirio acusó a Israel de dificultar las labores mediante ataques repetidos dentro del territorio del país. Afirmó que las operaciones militares israelíes habían expuesto a los equipos encargados de buscar y destruir materiales peligrosos. Israel no respondió inmediatamente a la solicitud de Reuters sobre esa acusación.
Las inspecciones necesitan acceso estable a depósitos, laboratorios y antiguas bases. Si los técnicos no pueden desplazarse de forma segura, aumenta el riesgo de que sustancias o municiones permanezcan sin vigilancia, sufran daños o sean trasladadas por actores armados.
La preocupación no se limita a Siria. Un depósito mal protegido podría exponer a poblaciones próximas, contaminar el entorno o facilitar el tráfico de materiales. Esa dimensión explica que Naciones Unidas considere el desarme una cuestión de seguridad regional e internacional.
Damasco busca presentar su cooperación como una ruptura con el régimen anterior. Para que esa diferencia resulte creíble deberá permitir inspecciones sin restricciones, declarar nuevos hallazgos inmediatamente y aceptar que la OPAQ publique sus conclusiones técnicas.
Un proceso que apenas comienza
La destrucción de 42 bombas representa un resultado verificable, pero constituye solo una parte de un trabajo más amplio. Los inspectores deben determinar cuántos emplazamientos permanecen sin declarar y si todavía existen agentes utilizables, precursores, equipos de llenado o documentación oculta.
También será necesario revisar si las nuevas instituciones sirias disponen de suficiente capacidad para custodiar materiales y proteger a los especialistas. La cooperación internacional puede aportar laboratorios móviles, transporte seguro, financiación y tecnología para neutralizar sustancias.
El avance del desarme y los procesos penales deberán desarrollarse de forma coordinada. La prioridad inmediata es evitar que cualquier material vuelva a utilizarse; la obligación posterior es esclarecer cómo se produjo, quién lo controló y qué ataques se cometieron.