Ocho responsables defienden la institución
La declaración está firmada por Päivi Kaukoranta, presidenta de la Asamblea de los Estados Partes, y siete personas que ocuparon anteriormente ese cargo. La Asamblea reúne a los países vinculados al Estatuto de Roma y supervisa la administración, el presupuesto y la elección de autoridades de la Corte Penal Internacional, CPI.
Los firmantes sostienen que los intentos de aislar diplomáticamente al tribunal no perjudican solo a una organización. A su juicio, también erosionan la confianza en un sistema que pretende someter a reglas comunes los crímenes internacionales más graves.
El pronunciamiento responde a la presión ejercida por la Administración de Donald Trump sobre países miembros y colaboradores de la Corte. Washington ha solicitado que otros Estados reduzcan su cooperación y ha planteado nuevas medidas contra personas o entidades relacionadas con investigaciones rechazadas por Estados Unidos.
La declaración no tiene efectos jurídicos vinculantes. Su relevancia procede de la posición institucional de los autores y de que convierte las sanciones estadounidenses en un conflicto abierto sobre la continuidad del sistema creado por el Estatuto de Roma.
Qué puede hacer la Corte Penal Internacional
La CPI comenzó a funcionar en 2002 y tiene su sede en La Haya. Investiga y juzga a individuos, no a Estados, por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y, bajo determinadas condiciones, el crimen de agresión.
El tribunal aplica el principio de complementariedad. Esto significa que interviene cuando el Estado con jurisdicción no puede o no quiere realizar una investigación y un juicio genuinos. No debería sustituir automáticamente a los tribunales nacionales que actúan de manera independiente.
Su competencia puede derivarse de la nacionalidad del acusado, del territorio donde ocurrieron los hechos, de la adhesión del país al Estatuto o de una remisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esta arquitectura hace posible investigar a ciudadanos de países no miembros cuando los presuntos crímenes se produjeron en territorio sometido a la Corte.
La CPI no dispone de una policía propia. Depende de la cooperación de los Estados para detener sospechosos, proteger testigos, obtener documentos y ejecutar órdenes judiciales. Por eso una campaña de aislamiento puede afectar su capacidad operativa incluso si el Estatuto permanece formalmente intacto.
Washington amplía las sanciones
Estados Unidos sancionó en agosto a la presidenta de la Corte, Tomoko Akane, y a un abogado de alto nivel de la Fiscalía. Las medidas pueden bloquear bienes sometidos a jurisdicción estadounidense y restringir transacciones financieras, viajes y relaciones con proveedores.
La portavoz del Departamento de Estado Paloma Chacón respondió al nuevo pronunciamiento afirmando que la campaña destinada a impedir que la Corte actúe contra militares, funcionarios o la soberanía estadounidense continuará. Washington considera que el tribunal carece de autoridad sobre ciudadanos de un Estado que nunca ratificó el Estatuto de Roma.
Estados Unidos participó en las negociaciones que originaron la CPI, pero no se convirtió en miembro. Diferentes administraciones han alternado cooperación limitada —especialmente en casos africanos o relacionados con Rusia— con hostilidad frente a investigaciones que podían afectar a estadounidenses o aliados.
Las sanciones personales suponen un escalón especialmente controvertido porque alcanzan a jueces y fiscales por actuaciones desarrolladas en sus funciones. Sus críticos consideran que pueden intimidar al personal, proveedores, bancos y organizaciones que colaboran con el tribunal.
Gaza y Afganistán están en el centro del conflicto
La confrontación se intensificó después de que la CPI emitiera una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con Gaza. Una orden de arresto no constituye una condena y las acusaciones deben probarse ante los jueces.
Israel y Estados Unidos rechazan la competencia de la Corte y cuestionan la actuación de la Fiscalía. Los defensores del tribunal sostienen que la jurisdicción deriva de que Palestina es parte del Estatuto y de que los presuntos hechos se produjeron en un territorio reconocido por la Asamblea de Estados Partes.
Washington también se opuso a la investigación sobre posibles crímenes cometidos durante la guerra de Afganistán. El procedimiento podía alcanzar a miembros de las fuerzas estadounidenses, funcionarios de inteligencia, talibanes y fuerzas afganas.
La disputa muestra una tensión estructural: los Estados poderosos pueden apoyar la justicia internacional contra adversarios y rechazarla cuando examina a sus propios ciudadanos o aliados. La credibilidad de la CPI depende de demostrar que aplica criterios jurídicos coherentes en ambos supuestos.
El riesgo de una retirada de países miembros
Según los firmantes, Estados Unidos está alentando a miembros del Estatuto de Roma a abandonar la institución y a países externos a sumarse a las medidas de presión. Una retirada reduce la cooperación disponible y puede limitar la jurisdicción sobre futuros crímenes cometidos en ese territorio.
Salir del Estatuto no anula automáticamente investigaciones abiertas por hechos ocurridos mientras un país era miembro. Sin embargo, sí debilita la capacidad de la Corte para actuar en situaciones posteriores y puede impedir el acceso de investigadores.
La presión puede ser particularmente eficaz sobre Gobiernos dependientes de asistencia militar, comercio o financiación estadounidense. También puede generar autocensura en bancos, empresas tecnológicas y organizaciones civiles que teman infringir sanciones de alcance ambiguo.
El principal desafío es evitar una fragmentación en la que cada bloque geopolítico reconozca solo las investigaciones dirigidas contra sus rivales. Un tribunal aceptado de manera selectiva corre el riesgo de perder legitimidad y capacidad práctica.
Las sanciones afrontan impugnaciones judiciales
Jueces, abogados y organizaciones estadounidenses han llevado algunas restricciones ante los tribunales de Estados Unidos. Argumentan que prohibir asesoramiento, investigación o colaboración con la CPI puede vulnerar la libertad de expresión y obstaculizar actividades jurídicas legítimas.
El Gobierno responde que las sanciones son una herramienta de política exterior destinada a proteger la soberanía y la seguridad nacional. Los procesos deberán determinar hasta qué punto el Ejecutivo puede restringir la cooperación con una organización internacional sin autorización específica del Congreso para cada conducta.
La disputa tiene consecuencias más allá de los sancionados. Bancos y proveedores suelen reaccionar con exceso de cautela ante las medidas estadounidenses para evitar multas, lo que puede bloquear pagos, seguros, viajes o servicios informáticos no expresamente prohibidos.
Si la Corte pierde acceso a herramientas financieras y tecnológicas, sus investigaciones podrían ralentizarse. El daño operativo puede producirse antes de que los tribunales nacionales resuelvan definitivamente las demandas.
Una prueba para el sistema multilateral
La CPI ha sido criticada por la lentitud de sus procedimientos, el coste de sus investigaciones y una selección de casos históricamente concentrada en África. Esas críticas legítimas no resuelven, sin embargo, si un Estado externo debe castigar personalmente a jueces por decisiones judiciales.
Los firmantes presentan la defensa del tribunal como una elección entre reglas comunes y un sistema en el que la fuerza política determina qué investigaciones son aceptables. Washington replica que esas reglas no pueden imponerse a Estados que no dieron su consentimiento.
Los países miembros deberán decidir si compensan el impacto de las sanciones mediante financiación, servicios bancarios alternativos, cooperación diplomática y protección para el personal. También tendrán que exigir a la Corte rigor procesal y criterios uniformes.
El resultado afectará a investigaciones en Gaza, Ucrania, Sudán, Libia y otras situaciones. Si el tribunal resiste, mantendrá una vía judicial internacional limitada pero operativa; si la presión consigue aislarlo, aumentará la impunidad cuando los sistemas nacionales no actúen.
