Durante su mandato, el expresidente Donald Trump puso en marcha una serie de políticas migratorias que impactaron duramente a los menores migrantes no acompañados, un grupo especialmente vulnerable dentro del sistema migratorio estadounidense. Una de las decisiones más polémicas fue eliminar el acceso a representación legal para estos niños en los tribunales de inmigración, dejándolos sin abogados mientras enfrentaban procesos complejos que podrían terminar en deportación.
Se estima que al menos 26.000 menores migrantes quedaron sin asistencia legal debido a esta política, lo que limitó su capacidad para defender sus derechos y comprender adecuadamente los procedimientos judiciales. Según organizaciones como Human Rights Watch y la American Civil Liberties Union (ACLU), esta medida vulnera los principios básicos del debido proceso y pone en peligro el futuro de miles de niños.
A esta situación se sumó una reforma que obligaba a los familiares patrocinadores —quienes acogen a estos menores mientras se resuelve su situación migratoria— a revelar su estatus migratorio ante las autoridades. Esto generó un clima de miedo y desconfianza entre la comunidad migrante, desincentivando a muchas familias de ofrecer refugio a los menores por temor a ser detenidos o deportados.
La combinación de ambas medidas ha sido criticada por organismos de derechos humanos y expertos legales, que advierten de un retroceso en la protección infantil y familiar dentro del sistema migratorio de EE. UU. Estas acciones, enmarcadas en una política general de endurecimiento migratorio, reflejan un cambio de paradigma que prioriza el control fronterizo por encima de la protección de los derechos fundamentales de los niños y adolescentes migrantes.
