El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Junts per Catalunya (Junts) han alcanzado un acuerdo para delegar ciertas competencias estatales en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña. Este pacto incluye la modificación de la Ley de Extranjería, permitiendo la distribución obligatoria de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, con el propósito de aliviar la presión en regiones como Canarias, que actualmente acoge a aproximadamente 5.800 menores en condiciones de hacinamiento.
La propuesta de ley orgánica, registrada recientemente en el Congreso, establece que los Mossos d'Esquadra gestionarán la seguridad en puertos y aeropuertos en colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Además, la Generalitat asumirá la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y la concesión de autorizaciones de residencia y documentos de identidad para extranjeros. El Estado transferirá los recursos necesarios para que Cataluña ejerza estas competencias delegadas.
La reforma de la Ley de Extranjería busca establecer un Plan de respuesta ante situaciones de contingencia migratoria extraordinaria, que incluirá criterios para la redistribución de menores no acompañados y garantizará una financiación adecuada para las comunidades receptoras. Este plan se desarrollará en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.
La Mesa del Congreso ha decidido tramitar la proposición de ley sin solicitar un informe jurídico previo, con el objetivo de agilizar su debate y votación en las próximas semanas. Esta decisión ha generado críticas por parte de algunos grupos parlamentarios, que cuestionan la constitucionalidad de delegar competencias exclusivas del Estado en materia de inmigración.
El acuerdo también contempla la distribución de aproximadamente 4.400 menores migrantes no acompañados, de los cuales 4.000 provienen de Canarias y 400 de Ceuta. Comunidades autónomas como Cataluña y el País Vasco, que ya enfrentan una alta ocupación en sus sistemas de acogida, recibirían solo una pequeña proporción de estos menores. La financiación para las comunidades receptoras cubrirá aspectos como alojamiento y manutención, con una inversión estimada de 225 millones de euros anuales.
Este pacto representa un paso significativo en la gestión compartida de la inmigración y la protección de menores migrantes, buscando una mayor solidaridad y equilibrio entre las distintas regiones de España.
