Las nuevas medidas, implementadas tras la aprobación de la ley en diciembre de 2025, entraron en operación este lunes en el centro de procesamiento de Manston, en Kent, donde se ha instalado tecnología para extraer datos de los dispositivos de forma inmediata y agilizar investigaciones sobre organizaciones criminales. Los agentes pueden requerir a los migrantes que se quiten abrigos, chaquetas o guantes para facilitar búsquedas, e incluso inspeccionar el interior de la boca en busca de tarjetas SIM u otros elementos electrónicos ocultos.
El Gobierno laborista de Keir Starmer, a través del ministro de Seguridad Fronteriza Alex Norris, justificó las facultades como un paso para “restaurar el orden y control en las fronteras” y desmantelar “viles bandas de traficantes” responsables de las travesías mortales del Canal de la Mancha. En 2025, 41.472 personas llegaron a Reino Unido en pequeñas embarcaciones, el segundo récord anual, pese a esfuerzos previos para reducir el flujo.
La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) y el Ministerio del Interior estiman que los datos extraídos de contactos, mensajes y redes sociales acelerarán las pesquisas contra contrabandistas en meses o años, al preservar evidencia antes de que sea borrada. La ley introduce también delitos penados con hasta 14 años de cárcel por almacenar o suministrar motores de embarcación para migración ilegal, y hasta 5 años por investigar rutas o comprar equipo para cruces.
Estas disposiciones responden a una sentencia del Tribunal Supremo de 2022 que declaró ilegal una política general no publicada de confiscación de móviles a recién llegados, obligando a devolver miles de dispositivos. La nueva legislación regula y amplía esas prácticas, alineándolas con poderes antiterroristas para contrarrestar el contrabando.
Organizaciones como el Refugee Council y Freedom from Torture han advertido de que los registros invasivos deben aplicarse con discreción, ya que los móviles son “líneas vitales” para refugiados que necesitan contactar familiares, y han calificado las inspecciones bucales como “brutalidad distópica”. Un refugiado sirio consultado por The Guardian señaló que los traficantes suelen ordenar borrar datos o tirar teléfonos baratos al mar, cuestionando la efectividad práctica.
El paquete incluye endurecimiento del sistema de visados para reducir migración legal en 2026 y órdenes provisionales de prevención de delitos graves que prohíben a sospechosos usar móviles, portátiles o redes sociales durante investigaciones. Starmer ha ordenado cerrar hoteles de asilo antes de 2029 y priorizar deportaciones, en un contexto de presión política por el control migratorio.
