El proceso, dirigido a extranjeros presentes en España antes del 31 de diciembre de 2025 que acrediten arraigo social o circunstancias excepcionales, otorgará una autorización de residencia temporal de un año con permiso de trabajo, renovable si se mantienen condiciones como empleo o contrato laboral. Entre los requisitos generales figuran no ser rechazable en fronteras, no representar amenaza para seguridad, salud pública u orden público, y carecer de antecedentes penales relevantes en los últimos cinco años, tanto en España como en países de origen o residencia previa.
La ausencia de antecedentes penales se acredita mediante certificado del país de origen o residencia anterior, solicitado por el migrante, o directamente por las autoridades españolas si no se obtiene en un mes. Solo se computan delitos tipificados en el Código Penal español; conductas no penadas aquí no impiden el acceso, aunque sentencias firmes por faltas graves como falsificación de documentos, conducción ebria o violencia de género suelen excluir al solicitante.
Juristas destacan que cualquier condena firme bloquea la regularización hasta su cancelación conforme al Código Penal, reproduciendo exclusiones de la Ley de Extranjería actual, donde infracciones menores como venta ambulante pueden impedir residencia durante años, afectando a migrantes en situación vulnerable. El texto salva situaciones de necesidad extrema, pero advierten de riesgos para quienes declaren falsamente, con sanciones administrativas, revocación de permisos y delitos penales por falsedad documental.
La oposición, como el PP, condiciona apoyo a exclusiones estrictas para reincidentes y antecedentes graves, alineadas con el Pacto de Migración de la UE. Asociaciones migrantes critican que el requisito deja fuera a personas con delitos menores cometidos en España, perpetuando marginalidad administrativa.
El trámite público concluye pronto, con resolución en tres meses tras admisión en 15 días, beneficiando potencialmente a 500.000 personas mediante arraigo sociolaboral, familiar o formativo. El Gobierno defiende la medida como reconocimiento de realidades sociales, con énfasis en inclusión laboral y control de flujos irregulares.
