El Gobierno trasladará a 500 menores de Ceuta pese al choque sobre los retornos
Un plan extraordinario para aliviar Ceuta
El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja con el Gobierno ceutí en un dispositivo para trasladar a la España peninsular a unos 500 menores. Según la información publicada por The Guardian, el programa recurriría a organizaciones sociales y entidades especializadas en protección de la infancia, dando prioridad a las personas más vulnerables y, especialmente, a las niñas.
El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, se desplazó a Ceuta para coordinar la respuesta. El objetivo inmediato es proporcionar alojamiento y atención estable a menores que permanecían en la calle o dependían de alimentos y ayuda entregados por vecinos. La saturación impide que el sistema ordinario de la ciudad cubra adecuadamente todas las necesidades de identificación, protección, escolarización y asistencia sanitaria.
Tutela y guarda no significan lo mismo
El esquema estudiado permitiría que entidades de protección asumieran la atención cotidiana en la Península sin transferir necesariamente la tutela jurídica a otra comunidad autónoma. La tutela es la responsabilidad legal sobre el menor; la guarda se refiere al cuidado directo, alojamiento y acompañamiento diario. Separar temporalmente ambas figuras podría agilizar los traslados, pero exigirá determinar con precisión qué administración toma cada decisión.
Esta fórmula conviviría con el mecanismo estatal de redistribución aprobado tras la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. El Ministerio de Juventud e Infancia explica que ese procedimiento busca trasladar menores desde territorios fronterizos sobrecargados hacia otras comunidades, con financiación y coordinación del Gobierno central.
La entrada masiva del 30 de julio
El episodio que desencadenó la actual emergencia ocurrió el 30 de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta por tierra y mar. The Guardian sitúa el volumen estimado en torno a 70.000 personas. La mayoría regresó posteriormente a Marruecos, pero numerosos menores sin acompañamiento familiar permanecieron en la ciudad autónoma bajo un régimen de protección distinto al aplicable a los adultos.
Las cifras variaron durante las primeras semanas porque muchos menores no estaban identificados, algunos seguían en la calle y otros podían declarar una edad que debía comprobarse mediante procedimientos individualizados. Esa incertidumbre explica que las estimaciones sobre cuántos niños y adolescentes continúan en Ceuta no coincidan siempre entre administraciones y medios.
El giro respecto al mensaje inicial de Interior
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había afirmado el 13 de agosto que quienes entraran irregularmente en Ceuta o Melilla serían retornados y no alcanzarían la Península. El nuevo plan introduce una excepción práctica para la infancia no acompañada, protegida por la legislación española y por el principio del interés superior del menor.
No se trata de conceder automáticamente residencia o asilo a todos los trasladados. Cada caso requiere identificar al menor, estudiar sus circunstancias familiares, comprobar si necesita protección internacional y determinar si un eventual regreso puede realizarse de forma segura. El retorno de un niño no acompañado no debería ejecutarse como una expulsión sumaria: exige localizar a su familia o una institución adecuada y verificar que la reunificación responde a su interés superior.
Choque político y mensajes jurídicos contrapuestos
El Partido Popular y Vox han rechazado o cuestionado el traslado y sostienen que los menores deberían regresar con sus familias. La cuestión también ha generado confusión en el ámbito europeo. El portavoz de Interior de la Comisión Europea, Markus Lammert, declaró que los migrantes en situación irregular debían ser retornados a Marruecos, incluidos los menores no acompañados, según la información recogida por The Guardian.
Sin embargo, la aplicación concreta debe conciliarse con las leyes españolas de protección de la infancia, la evaluación individual y las garantías internacionales. Que Marruecos haya expresado disposición para cooperar en la identificación y el retorno no elimina la obligación de comprobar el vínculo familiar, las condiciones de acogida y los posibles riesgos. Tampoco todos los menores presentes en Ceuta tienen necesariamente nacionalidad marroquí.
Un sistema de reubicación que ya estaba funcionando
Los traslados de menores desde los territorios fronterizos no comenzaron con esta crisis. En marzo de 2026, el Gobierno informó de que 1.143 niños y adolescentes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla ya habían sido reubicados. En el caso de Ceuta, se habían efectuado 437 de los 571 traslados cuyos expedientes estaban terminados, según la información oficial de La Moncloa.
El Ejecutivo aprobó además en julio un reparto de 35 millones de euros para la atención de la infancia migrante no acompañada. Ceuta tenía asignados 5,5 millones, de acuerdo con el Ministerio de Juventud e Infancia. Esos fondos pueden financiar alojamiento, escolarización, apoyo psicológico, inclusión social y ampliación de plazas.
Prioridades y controles para los traslados
La primera prioridad será localizar a todos los menores que todavía no estén dentro del sistema. Después deben completarse la identificación, la determinación de edad cuando exista duda razonable y una entrevista individual con asistencia adecuada. Las niñas, los menores de menor edad, posibles víctimas de trata y quienes presenten problemas de salud requieren recursos diferenciados.
También será necesario preservar la unidad entre hermanos, evitar traslados repetidos y comunicar a cada menor dónde será alojado y quién asumirá su cuidado. Las entidades receptoras deberán contar con personal suficiente, intérpretes, asistencia jurídica y mecanismos de prevención de abusos. La rapidez no puede sustituir estas garantías, aunque la permanencia en la calle haga urgente la actuación.
Una solución inmediata, no el final del expediente
El traslado a la Península resolverá el problema más urgente de alojamiento, pero no decidirá por sí mismo el futuro migratorio de los 500 menores. Algunos podrían reunir los requisitos para solicitar protección internacional; otros podrían integrarse en el sistema ordinario de protección, y en determinados casos podría estudiarse una reunificación familiar segura.
El balance deberá medir cuántos menores son efectivamente trasladados, dónde quedan alojados, cuánto tardan en recibir documentación y si las administraciones mantienen un seguimiento estable. Mientras esos datos no se publiquen, la cifra de 500 debe entenderse como el alcance previsto del plan, no como un resultado ya ejecutado.