En una decisión que ha generado preocupación y rechazo en diversos sectores de la sociedad sueca, el Gobierno de Suecia, encabezado por una coalición de partidos liberales-conservadores con el apoyo externo de la ultraderecha, ha anunciado su intención de aplicar medidas más estrictas contra la inmigración irregular.
Según informes de medios internacionales, el Gobierno está estudiando una propuesta de ley que obligaría a los trabajadores del sector público a denunciar a las autoridades migratorias a personas que no cuenten con permiso de residencia en el país. Esto afectaría a funcionarios de instituciones gubernamentales como ayuntamientos y servicios públicos, quienes podrían enfrentar sanciones si no reportan a personas migrantes en situación irregular. Aunque las sanciones específicas aún no han sido detalladas.
La propuesta de ley también contempla el fortalecimiento de las herramientas policiales, incluyendo la posibilidad de realizar controles aleatorios y pruebas de ADN para verificar el estatus de las personas migrantes sin documentos. Estos planes, presentados a finales de agosto, deberán ser evaluados por una comisión antes de ser debatidos en el Parlamento, un proceso que se espera tome aproximadamente un año.
Esta medida forma parte de un acuerdo entre los tres partidos que conforman el Gobierno (Partido Moderado, Liberales y Demócratas Cristianos) y el partido de ultraderecha Demócratas de Suecia (SD). A pesar de no formar parte del Ejecutivo, SD ha ejercido una influencia significativa desde que quedó en segundo lugar en las elecciones generales de 2022.
El anuncio ha generado indignación y preocupación en amplios sectores de la sociedad sueca, desde sindicatos de funcionarios hasta ayuntamientos. Organizaciones de la sociedad civil advierten que esta medida podría resultar en la violación de derechos fundamentales para personas sin estatus legal en el país, incluyendo el riesgo de deportación si acceden a servicios públicos.
“Suecia enfrenta un problema creciente con las estancias ilegales, es decir, con personas que se quedan en el país y no tienen derecho a hacerlo,” afirmó la ministra de Migración, Maria Malmer Stenergard, en una conferencia de prensa junto a representantes de los partidos firmantes de la propuesta. Sin embargo, desde organizaciones civiles de derechos de migrantes, como Civil Rights Defenders, se alerta que estas medidas pueden tener efectos negativos en el acceso a derechos fundamentales, como la educación, atención médica y servicios sociales, para los inmigrantes indocumentados en Suecia.
La propuesta de ley, ha desatado un debate profundo sobre el equilibrio entre el control migratorio y el respeto a los derechos humanos en una sociedad democrática.
