La reforma migratoria dictada por decreto el 14 de mayo de 2025 por el presidente argentino Javier Milei, que agiliza deportaciones y obliga a extranjeros a costear servicios de salud y educación, avanza entre críticas de organizaciones de derechos humanos y la ONU por su dureza y su implementación vía DNU.
1. Principales cambios en la normativa
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Milei introduce:
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Deportación exprés de cualquier extranjero condenado por delito, incluso leve.
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Prohibición de ingreso a personas con antecedentes penales.
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Cobro obligatorio a no residentes por atención médica y educación terciaria, manteniéndose gratuita sólo en emergencias y para niveles primario y secundario.
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Requisitos reforzados para residencia y ciudadanía: dos años de residencia continua o inversión significativa, prueba de ingresos, antecedentes penales limpios y seguro médico.
2. Justificación gubernamental
El vocero presidencial Manuel Adorni defendió la medida como “esencial para evitar el caos y el abuso del sistema de servicios públicos” y aseguró que responde al “turismo de salud” que, según el Gobierno, costó más de 114 000 millones de pesos en 2024 Milei afirma que con la reforma “Argentina recupera el control de sus fronteras” y prioriza a sus ciudadanos.
3. Críticas nacionales e internacionales
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Organizaciones de derechos humanos (Human Rights Watch, Amnistía Internacional) alertan sobre violaciones al principio de igualdad y al debido proceso, al eliminar garantías judiciales para los deportados.
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Oficiales de la ONU denunciaron la “politización de la migración con fines electorales” antes de las legislativas de octubre de 2025.
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Partidos de la oposición y algunas provincias reclaman la intervención del Congreso, dado que un DNU no permite el debate parlamentario ni la revisión de tasas ni recursos.
4. Impacto en las comunidades migrantes
Comunidades de venezolanos, peruanos y paraguayos, que suman más de 1,8 millones en Argentina (4,2 % de la población) según el censo de 2022, manifiestan su temor ante posibles olvidos documentales o denuncias falsas que podrían derivar en deportaciones inmediatas. Líderes migrantes advierten del alto costo que tendrá el seguro médico obligatorio y el pago por matrícula universitaria para estudiantes extranjeros.
5. Vías legales y próximos pasos
El Ejecutivo ha publicado el DNU pero aún no figura en el Boletín Oficial. Organizaciones civiles ya preparan un recurso de amparo colectivo para impugnar los puntos más restrictivos. Por otro lado, la Cancillería inició contactos con la CIDH para evaluar denuncias de violación de derechos humanos. Milei, en tanto, ratifica que no dará marcha atrás y confía en que el Congreso refrende parte de la reforma en las sesiones extraordinarias previstas para junio.
