La justicia peruana busca a Nicanor Boluarte por cargos de corrupción y tráfico de influencias

Orden de captura internacional para Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta peruana Dina Boluarte

Juez ordena capturar a hermano de presidenta de Perú acusado de corrupcion
photo_camera Juez ordena capturar a hermano de presidenta de Perú acusado de corrupcion

El Poder Judicial de Perú emitió una orden de captura nacional e internacional contra Nicanor Boluarte, acusado de liderar una red corrupta para obtener beneficios económicos mediante la designación de funcionarios públicos.

El juez Richard Concepción Carhuancho, conocido por su firmeza en casos de corrupción de alto perfil, ordenó 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta peruana Dina Boluarte. La decisión se basa en una investigación que lo vincula a una presunta organización criminal dedicada al tráfico de influencias, cohecho y negociaciones incompatibles.

Según la Fiscalía, Boluarte utilizó su posición para influir en nombramientos clave en instituciones públicas, incluyendo el Ministerio de Educación y otras entidades del estado. Además, se le acusa de exigir colaboraciones para recolectar firmas destinadas a inscribir un partido político. Esta estrategia habría involucrado a prefectos y subprefectos, según revelaciones del Ministerio Público​

El paradero de Nicanor Boluarte es desconocido desde que se dictó la medida el domingo pasado. Esta situación generó dudas sobre su disposición a colaborar con la justicia y preocupaciones sobre un posible intento de fuga. La orden de captura internacional se emitió para asegurar su presencia en el proceso judicial, que continúa en curso.

Por su parte, la presidenta Dina Boluarte, aunque no está directamente implicada en este caso, enfrenta presión pública debido al vínculo familiar. La mandataria ya lidia con otras investigaciones relacionadas con las muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023. Mientras tanto, el primer ministro Gustavo Adrianzén ha calificado estas acciones judiciales como una "politización de la justicia" y defendió la integridad de la presidenta​

Este caso agrava el contexto político peruano, marcado por tensiones sociales y desconfianza hacia las instituciones. Dina Boluarte debe permanecer en el cargo hasta 2026, pero la desaprobación hacia su gobierno continúa en aumento, según encuestas recientes.

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