Las autoridades venezolanas confirmaron nuevas excarcelaciones de presos políticos a inicios de marzo, en continuidad con el proceso de liberaciones iniciado en enero tras la aprobación de una ley de amnistía y en el contexto de los acuerdos políticos suscritos entre el Gobierno y la oposición. La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) y el Foro Penal reportaron salidas de detenidos de varias cárceles del país, mientras continúan las verificaciones de identidad y estatus judicial de las personas beneficiadas.
Según el Clipp, este lunes se produjeron nuevas liberaciones en centros de reclusión de distintos estados, en una jornada que se suma a las excarcelaciones de febrero vinculadas a la aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. La organización reiteró que se trata de personas detenidas por motivos políticos, entre ellas activistas, militares y ciudadanos acusados de delitos relacionados con protestas o presunta conspiración.
La Ley de Amnistía fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional el 5 de febrero y contempla la liberación de presos políticos, el archivo de causas penales y la devolución de bienes incautados, así como la cancelación de órdenes de captura vinculadas a protestas y casos políticos desde 2007. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, afirmó que todos los presos alcanzados por la normativa debían quedar en libertad plena a partir del 13 de febrero, lo que abrió paso a las primeras excarcelaciones masivas bajo este marco legal.
No obstante, las cifras del número de liberados siguen siendo motivo de controversia entre las fuentes oficiales y las organizaciones independientes. Mientras voceros del Gobierno han hablado de más de 600 personas excarceladas en el contexto del nuevo proceso de amnistía y medidas de gracia, el Foro Penal asegura que ha podido confirmar un número sensiblemente menor de liberaciones efectivamente ejecutadas en las cárceles venezolanas.
De acuerdo con el más reciente balance del Foro Penal, al 25 de febrero de 2026 se contabilizaban todavía 568 personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela, entre ellas 505 hombres y 63 mujeres, 386 civiles y 182 militares, así como 52 ciudadanos extranjeros. La organización detalla que, desde la semana previa, se registró una excarcelación neta de 126 personas, al tiempo que se mantiene el seguimiento de nuevos ingresos y de la situación procesal de los detenidos.
El contexto de estas excarcelaciones está estrechamente ligado a los compromisos asumidos en los acuerdos de Barbados entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria opositora, que incluyen la liberación de presos políticos y la mejora de garantías políticas y electorales a cambio de alivios en las sanciones internacionales. Estados Unidos condicionó la revisión de sus sanciones a avances verificables en materia de liberaciones de presos políticos, levantamiento de inhabilitaciones y atención a casos de ciudadanos estadounidenses considerados detenidos injustamente.
En este marco, las autoridades también anunciaron el cierre del centro de detención de El Helicoide, emblemática sede de reclusión de opositores y militares, que será transformado en un espacio cultural y deportivo, según adelantó el Ejecutivo. Diversas ONG recuerdan que en ese recinto se han documentado durante años denuncias de torturas y graves violaciones de derechos humanos, por lo que exigen garantías de reparación integral para las víctimas.
A nivel histórico, el Foro Penal ha registrado más de 18.900 detenciones con fines políticos en Venezuela desde 2014, lo que, a juicio de organizaciones de derechos humanos, evidencia la magnitud de la represión y la importancia de que el actual proceso de excarcelaciones sea completo, transparente y verificable. Aunque la nueva ley de amnistía abre la puerta a libertades plenas y al levantamiento de restricciones judiciales para miles de personas, los defensores de derechos humanos subrayan que el reto de fondo sigue siendo garantizar que no se produzcan nuevas detenciones arbitrarias.
Entre los casos más destacados en las últimas semanas figura la excarcelación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, detenido por más de un año y liberado el 1 de marzo, quien abandonó el país tras ser puesto en libertad, hecho que tuvo amplia repercusión internacional. Asimismo, diversas fuentes señalan la salida de dirigentes opositores regionales, activistas vinculados a movimientos sociales y comunicadores que enfrentaban cargos derivados de su participación en protestas o de sus opiniones públicas.
Pese al avance de las liberaciones, organizaciones y familiares insisten en que el número de presos políticos que permanecen tras las rejas sigue siendo elevado y reclaman la publicación de listas oficiales detalladas, con nombres, delitos imputados y condición jurídica de cada caso. También piden que se establezcan mecanismos de verificación independientes, con participación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de misiones internacionales, para garantizar el cumplimiento integral de la amnistía.
En paralelo, el Parlamento venezolano informó que la justicia ha recibido más de 9.000 solicitudes de aplicación de la Ley de Amnistía, lo que evidencia el volumen de causas asociadas a hechos políticos acumuladas en más de una década. El proceso incluye la revisión de medidas cautelares, prohibiciones de salida del país y antecedentes penales que afectan a opositores, activistas, periodistas y ciudadanos comunes señalados por su participación en manifestaciones o actividades consideradas críticas al Gobierno.
Mientras se consolidan las nuevas excarcelaciones, analistas coinciden en que el desenlace de este proceso será una prueba clave de la voluntad del Ejecutivo para avanzar hacia una apertura política sostenible y recuperar la confianza de la comunidad internacional. La evolución de las cifras de presos políticos, la transparencia en los listados y la ausencia de nuevas detenciones arbitrarias serán factores determinantes para evaluar el alcance real de las reformas y el grado de cumplimiento de los acuerdos firmados.
