La región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, enfrenta una de las peores crisis humanitarias de los últimos años debido a intensos enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las extintas FARC. Estos conflictos han dejado al menos 80 muertos y forzado el desplazamiento de 20,000 personas, lo que llevó al gobierno colombiano a implementar medidas extraordinarias para proteger a la población civil.
El Catatumbo, una región históricamente marcada por la violencia y el conflicto armado en Colombia, vive una alarmante escalada de enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las extintas FARC. Durante enero de 2025, estos choques armados han dejado un saldo trágico de al menos 80 muertos y han provocado el desplazamiento masivo de aproximadamente 20,000 personas, generando una crisis humanitaria de gran magnitud.
Ante esta situación, el presidente Gustavo Petro decretó el "estado de conmoción interior" en la región, una medida excepcional que busca restablecer el orden, garantizar la seguridad de los habitantes y atender las necesidades urgentes de la población afectada. Petro destacó que esta acción está dirigida a proteger a las comunidades vulnerables y a contrarrestar la influencia de los grupos armados ilegales que disputan el control territorial y de actividades ilícitas, como el narcotráfico.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha manifestado su preocupación por el agravamiento de la violencia en el Catatumbo, recordando que esta región ha sido históricamente escenario de disputas entre múltiples actores armados que buscan controlar corredores estratégicos y economías ilegales. La ONU instó al gobierno colombiano a priorizar la protección de los derechos humanos y a intensificar los esfuerzos para alcanzar soluciones pacíficas que aborden las causas profundas del conflicto.
Organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional también han alzado la voz, pidiendo al gobierno de Colombia medidas inmediatas para garantizar la seguridad y el bienestar de los desplazados, así como la implementación de políticas integrales que promuevan el desarrollo sostenible en zonas afectadas por el conflicto armado.
Por su parte, líderes locales y representantes de las comunidades desplazadas han solicitado mayor presencia estatal en la región, no solo en términos de seguridad, sino también a través de inversiones en infraestructura, salud y educación que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Catatumbo.
El Catatumbo es un recordatorio de los desafíos persistentes que enfrenta Colombia para consolidar la paz en las regiones históricamente afectadas por el conflicto armado. Mientras el gobierno busca restablecer el orden en esta zona estratégica, la comunidad internacional sigue de cerca los esfuerzos para garantizar la protección de los derechos humanos y la búsqueda de soluciones sostenibles que permitan superar décadas de violencia.