Delcy Rodríguez, hasta ahora vicepresidenta ejecutiva y designada el sábado como presidenta encargada por el Tribunal Supremo de Justicia, emitió su primer comunicado en el cargo reivindicando el “derecho a la paz” y la “soberanía” de Venezuela. El nombramiento, respaldado por la cúpula militar encabezada por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, se produjo horas después de la operación relámpago de fuerzas especiales estadounidenses que sacó del país a Nicolás Maduro para ser juzgado por cargos de narcoterrorismo en un tribunal federal de Nueva York.
En el mensaje, difundido a través de su canal de Telegram y medios estatales, Rodríguez extendió “la invitación al Gobierno de los Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y que fortalezca una convivencia comunitaria duradera”. La dirigente subrayó como prioridad del nuevo Ejecutivo el establecimiento de relaciones “equilibradas y respetuosas” con Washington y con los países de la región, sobre la base de la igualdad soberana y la no injerencia en los asuntos internos.
El giro de tono contrasta con las duras declaraciones emitidas por la propia Rodríguez y otros altos cargos chavistas tras la incursión militar estadounidense, que incluyó ataques contra objetivos en Caracas y en los estados de Aragua y La Guaira. En las horas posteriores al operativo, el Gobierno venezolano había denunciado una violación “flagrante” del derecho internacional y exigido “pruebas de vida” de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, después de que la Casa Blanca confirmara su detención.
La operación, descrita en medios estadounidenses como una acción de alta precisión similar a las misiones contra Osama bin Laden, fue ejecutada por la Fuerza Delta con apoyo de más de un centenar de aeronaves y el despliegue de capacidades cibernéticas para neutralizar defensas aéreas y cortar el suministro eléctrico en zonas estratégicas de la capital venezolana. Tras la extracción, Maduro y su esposa fueron trasladados a un buque anfibio estadounidense en el Caribe antes de ser puestos a disposición de la justicia en Estados Unidos, que había ofrecido recompensas millonarias por su captura.
Desde Washington, el presidente Donald Trump ha combinado mensajes de presión y respaldo condicionado hacia la nueva jefatura del Estado en Caracas. El mandatario ha advertido públicamente que Delcy Rodríguez “pagará un precio más alto” que Maduro “si no hace lo correcto” y ha exigido “acceso total” a instalaciones, archivos y estructuras del Estado venezolano como condición para avanzar hacia una normalización de las relaciones.
Al mismo tiempo, Trump ha afirmado que Rodríguez “está cooperando” en el marco de la transición y ha dejado entrever que no habrá nuevos despliegues militares en Venezuela si el nuevo liderazgo venezolano acepta sus exigencias políticas y de seguridad. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha señalado que espera “más cooperación” del Ejecutivo restante en materia de lucha contra el narcotráfico y de apertura institucional, sin descartar nuevas sanciones o condicionamientos económicos.
En el plano regional, la reacción a la captura de Maduro y al mensaje de Rodríguez ha sido desigual, reflejando la profunda polarización política en América Latina. Gobiernos como los de México, Brasil, Colombia, Cuba y Uruguay han condenado la operación militar estadounidense como una violación del derecho internacional, mientras otros ejecutivos de la región han celebrado el fin de la presidencia de Maduro y han llamado a una transición ordenada con supervisión internacional.
Organismos multilaterales y organizaciones de derechos humanos han pedido garantías sobre el debido proceso para Maduro y sus colaboradores, así como protección para la población civil en Venezuela ante el riesgo de inestabilidad interna. Expertos en derecho internacional advierten de que el precedente abierto por la “Operación Resolución Absoluta”, como la ha bautizado parte de la prensa estadounidense, puede reavivar debates sobre la legalidad del uso de la fuerza extraterritorial y la doctrina de intervenciones preventivas.
En Venezuela, la transición encabezada por Rodríguez se enfrenta a un escenario económico y social crítico, marcado por años de recesión, hiperinflación y éxodo masivo de población. La invitación a una agenda de cooperación con Estados Unidos se interpreta como un intento de asegurar el levantamiento gradual de sanciones, atraer apoyo financiero y estabilizar las instituciones, aunque persisten incógnitas sobre la cohesión de las fuerzas armadas y la capacidad del nuevo gobierno para emprender reformas profundas.
