La reunión, de carácter ministerial y celebrada por videoconferencia, fue convocada el sábado por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva para analizar los bombardeos selectivos de Estados Unidos contra instalaciones militares venezolanas y la detención de Maduro junto a su esposa, Cilia Flores. Fuentes cercanas al encuentro confirmaron a EFE que los participantes no esperaban un acuerdo común y que las posiciones irreconciliables impidieron cualquier declaración conjunta de la CELAC.
En el bloque de la izquierda, Brasil, Chile, Colombia y México lideraron la condena a la operación estadounidense. Lula calificó el ataque como una “grave afrenta a la soberanía” de Venezuela y un “precedente extremadamente peligroso”, mientras exigía una respuesta “vigorosa” de la ONU y reafirmaba su disposición para mediar en diálogo y cooperación. El presidente chileno Gabriel Boric lo denunció como “erguida violación” de la soberanía, y Colombia, México y Honduras lo tildaron de “agresión militar” y “secuestro”.
Por el contrario, gobiernos de orientación liberal o de derecha respaldaron la acción de Washington. Argentina, Ecuador y El Salvador, liderados por Javier Milei, Daniel Noboa y Nayib Bukele, celebraron la caída de Maduro como el fin de un “narcoterrorista” y alinearon su retórica con la del Gobierno de Donald Trump. Milei publicó en redes sociales que “la libertad avanza”, y Noboa afirmó que “a los criminales chavistas les llega su hora”.
Cuba, aliado histórico de Maduro, calificó el ataque como “criminal” y exigió una respuesta urgente de la comunidad internacional. Brasil reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta interina y convocó también al Consejo de Seguridad de la ONU, respaldado por Colombia, Rusia, China y Sudáfrica, para debatir si la intervención viola la Carta de las Naciones Unidas.
La falta de consenso en la CELAC evidencia la polarización regional ante intervenciones externas en América Latina, un patrón similar al observado en crisis previas como las de Bolivia o Nicaragua. Mientras algunos priorizan la no injerencia y la soberanía estatal, otros enfatizan la lucha contra el narcotráfico y los derechos humanos como justificación para acciones unilaterales.
En paralelo, la OEA y el Grupo de Lima no convocaron reuniones inmediatas, aunque países como Uruguay y Paraguay expresaron preocupación por el precedente de uso de la fuerza. La Unión Europea pidió respeto al derecho internacional y una transición pacífica en Venezuela, sin condenar explícitamente la operación.
