El Gobierno de Bolivia y la Central Obrera Boliviana (COB), junto a federaciones campesinas, acordaron el 11 de enero la abrogación total del decreto supremo 5503 y la redacción de una nueva normativa que mantiene la eliminación de subvención a combustibles pero elimina otras disposiciones controvertidas, lo que lleva al levantamiento inmediato de bloqueos que afectaban rutas clave en ocho de nueve departamentos desde el 6 de enero.
El pacto se firmó en El Alto tras intensas negociaciones entre dirigentes sindicales y seis ministros, incluidos José Luis Lupo (Presidencia), José Gabriel Espinoza (Economía) y Marco Antonio Oviedo (Gobierno). El documento establece la derogación íntegra del DS 5503, emitido el 17 de diciembre para eliminar subsidios a gasolina y diésel —con alzas de hasta 162%—, y la creación de una comisión mixta para elaborar un nuevo decreto en 48 horas que conserve solo la eliminación de subvención y reprogramación de créditos bancarios.
La nueva norma mantendrá mejoras en bonos sociales y política salarial, eliminando medidas como incentivos a inversiones extranjeras en minería, litio e hidrocarburos sin aprobación legislativa y facultades excepcionales al Banco Central para préstamos sin fiscalización. La COB, liderada por Mario Argollo, convocó el fin inmediato de medidas de presión, incluyendo bloqueos en rutas como La Paz–Oruro, Cochabamba–Santa Cruz y Yapacaní, que dejaron varados miles de vehículos y pasajeros.
Los bloqueos, iniciados el 6 de enero tras fracaso de diálogos, afectaron ocho departamentos y generaron pérdidas económicas estimadas en millones de dólares diarios, con tensiones en El Alto y La Paz como epicentro. Sindicatos calificaban el DS 5503 de “entreguista” por supuestamente ceder soberanía sobre recursos naturales a capitales extranjeros.
El Gobierno de Rodrigo Paz defendió la eliminación de subsidios —que costaban 2.000 millones de dólares anuales y causaban escasez—, destacando ahorros de 240 millones en 20 días iniciales. El pacto preserva esa reforma clave mientras ajusta aspectos controvertidos, en un contexto de crisis económica agravada por volatilidad de precios energéticos.
Argollo valoró la “reflexión” gubernamental y aplaudió el diálogo, urgiendo a bases levantar bloqueos pese al sufrimiento causado en carreteras. El ministro Lupo reiteró compromiso con políticas responsables y diálogo abierto para estabilidad nacional.
La movilización, bajo lema “Bolivia no se vende”, incluyó marchas desde Calamarca a La Paz y amenazó con radicalización si no se abrogaba el decreto. El acuerdo marca el restablecimiento de normalidad y confianza en capacidad estatal para resolver conflictos sociales mediante negociación.
Autoridades reportaron 57 puntos de bloqueo al 10 de enero, con impacto en transporte, comercio y abastecimiento. El pacto se da en transición política tras salida de Luis Arce, con Paz enfocando ajustes fiscales para proteger vulnerables.
