Una ley firmada después de su aprobación parlamentaria
La agencia estatal TASS informó el 4 de agosto de que Vladímir Putin había firmado el nuevo marco para monedas y derechos digitales. El acontecimiento fue la promulgación presidencial, posterior a la aprobación de la Duma Estatal en julio. The Block amplió la información el 5 de agosto, dentro del periodo editorial examinado.
La ley regula la organización, contabilidad y custodia de monedas digitales, además de las actividades de intermediarios, depósitos digitales, corredores, gestoras, plataformas de negociación y cámaras de compensación. También incluye disposiciones sobre minería y sobre los denominados activos financieros digitales, una categoría jurídica rusa distinta de las criptomonedas públicas.
Sus reglas principales entrarán en vigor el 1 de septiembre de 2026. Algunas medidas relacionadas con transferencias, depósitos extranjeros y circulación de activos digitales comenzarán en julio o septiembre de 2027. Los operadores existentes dispondrán de un periodo transitorio para adaptar sus actividades.
No debe confundirse la fecha de entrada en vigor con la de publicación. La firma establece el texto jurídico, pero los registros, las pruebas de idoneidad y las normas técnicas todavía requieren implementación por parte del Banco de Rusia y otros organismos.
Compras minoristas con un límite anual
Los inversores no cualificados podrán adquirir únicamente las criptomonedas que se clasifiquen como más líquidas. Tendrán que hacerlo mediante intermediarios autorizados y superar una prueba especial de idoneidad. La información pública no identifica todavía qué activos formarán parte de la lista.
Cada inversor minorista podrá comprar hasta 300.000 rublos anuales a través de cada intermediario. TASS convirtió esa cifra en aproximadamente 3.700 dólares cuando publicó la noticia. El equivalente variará con el tipo de cambio y no constituye un límite mundial consolidado si la misma persona utiliza varias entidades.
Los inversores cualificados podrán acceder a cualquier criptomoneda sin ese tope. La legislación permite obtener esa condición mediante criterios financieros convencionales y también contempla la experiencia previa en operaciones con activos digitales. Los requisitos concretos deberán interpretarse junto con las normas del regulador.
La prueba de conocimientos no garantiza que el inversor comprenda cada protocolo ni impide pérdidas. Su finalidad es comprobar una capacidad mínima para evaluar volatilidad, custodia y funcionamiento del producto. La entidad seguirá teniendo obligaciones sobre información y admisión.
Registro obligatorio para los exchanges
Las compañías que realicen sistemáticamente compraventas de criptomonedas por cuenta propia tendrán que ingresar en un registro especial. La ley considera actividad sistemática la celebración de dos o más operaciones mensuales cuyo total supere 3,5 millones de rublos, de acuerdo con la explicación publicada por TASS.
Los proveedores deberán mantener al menos 15 millones de rublos de capital propio, alrededor de 187.000 dólares según la conversión de la agencia. También tendrán que integrarse en una organización autorregulada del mercado financiero. Estos requisitos buscan crear recursos mínimos para responder ante pérdidas y supervisar la conducta.
Los operadores podrán continuar sin inscripción hasta el 1 de julio de 2027, dentro del periodo de adaptación. Esa tolerancia no equivale a una licencia automática: las empresas deberán presentar información, ajustar su estructura y cumplir las condiciones antes del vencimiento.
Los bancos estarán obligados a bloquear transferencias cuando sospechen que el destinatario actúa como proveedor de intercambio no autorizado. La medida extiende la vigilancia desde la plataforma cripto hacia las cuentas bancarias utilizadas para financiarla, pero exigirá criterios claros para evitar interrupciones indebidas.
Las criptomonedas siguen sin ser dinero nacional
La nueva ley no permite comprar bienes o servicios dentro de Rusia mediante bitcoin, ether u otros activos digitales. Continúa prohibido utilizarlos como medio de pago o moneda de curso legal y también difundir publicidad que invite a pagar de esa manera.
La distinción central es entre comprar una criptomoneda como activo y utilizarla para cancelar una obligación comercial. Un ciudadano podrá adquirir los tokens admitidos y conservarlos como inversión, pero una tienda no podrá ofrecer un producto cotidiano expresado y cobrado en criptomonedas.
La norma contempla excepciones para determinadas operaciones con valores, otros activos digitales y comisiones internas de sistemas autorizados. También permite utilizar criptomonedas en contratos de comercio exterior entre residentes y no residentes.
Rusia ya había establecido un régimen experimental para operaciones internacionales con activos digitales. Esa apertura se relaciona con la búsqueda de canales alternativos de liquidación, aunque la utilización de criptomonedas no elimina sanciones, controles de exportación ni las obligaciones de las instituciones extranjeras participantes.
Custodia, minería y derechos judiciales
El texto reconoce protección judicial para los titulares de monedas digitales incluso cuando los activos no hubieran sido declarados previamente. Este reconocimiento puede facilitar reclamaciones por apropiación, incumplimiento o insolvencia, pero no garantiza la recuperación de claves perdidas ni fondos transferidos irreversiblemente.
Los custodios deberán mantener registros que conecten el saldo digital con su titular. Una cartera blockchain demuestra que una clave controla determinados activos, pero no siempre identifica a la persona con derecho jurídico sobre ellos. El intermediario regulado añade identificación y documentación a esa relación.
La ley también alcanza la minería, actividad mediante la cual equipos informáticos participan en la validación y emisión de determinadas criptomonedas. Rusia conserva restricciones territoriales y energéticas distintas de las reglas aplicables a compraventa y custodia.
En julio, el Gobierno había anunciado prohibiciones de minería y participación en grupos de mineros en Moscú, su región y partes de Kursk desde el 15 de agosto hasta 2032, según la información citada por The Block. Que se autorice la compra minorista no implica una liberalización equivalente de la producción.
Un mercado regulado, pero todavía incompleto
La ley sustituye parte de la incertidumbre por categorías de operadores, capital mínimo y reglas de acceso. Sin embargo, la lista de criptomonedas líquidas, el contenido de las pruebas, los procedimientos del registro y la supervisión diaria aún determinarán el alcance efectivo.
El límite por intermediario también plantea retos. Las autoridades necesitarán decidir si las entidades deben compartir información para identificar operaciones fragmentadas y cómo tratarán las carteras autocustodiadas que reciben activos después de una compra autorizada.
Para los exchanges internacionales, la norma no significa acceso inmediato al mercado ruso. Deberán evaluar registro, presencia jurídica, sanciones internacionales, protección de datos y conexiones bancarias. Una autorización rusa no evita restricciones impuestas por otras jurisdicciones.
La relevancia del cambio reside en que Rusia deja de tratar la compraventa minorista únicamente como una actividad tolerada o experimental y crea un canal supervisado. Mantiene, al mismo tiempo, una separación estricta entre invertir en criptomonedas, utilizarlas en comercio exterior y pagar bienes nacionales.
