El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, anunció una propuesta revolucionaria que permitiría distribuir la recaudación de los principales impuestos —IRPF, IVA e impuestos especiales— en tiempo real entre el Estado y las comunidades autónomas, suprimiendo el tradicional sistema de entregas a cuenta y los desfases de liquidación de hasta dos años que genera el modelo actual.
La propuesta presentada por Jesús Gascón durante el XXXV Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado aspira a reemplazar uno de los elementos más criticados de la financiación autonómica vigente desde 2009. El modelo actual se basa en entregas a cuenta calculadas sobre previsiones de ingresos, y tras dos años se realiza la liquidación definitiva, lo que genera importantes desfases entre los recursos disponibles para las comunidades autónomas y la recaudación real.
El nuevo sistema planteado por Hacienda prevé una “distribución simultánea” de ingresos: una vez validada la recaudación de IRPF, IVA e impuestos especiales, el reparto a las regiones y al Estado será automático, permitiendo a las comunidades disponer de sus fondos de manera inmediata y ajustada al ciclo económico. Este modelo sería opcional y requeriría reformas legales profundas, especialmente de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), por lo que solo se aplicaría en los territorios que lo solicitaran.
El esquema también incorpora un “modelo en red” para la gestión tributaria, promoviendo la cooperación tecnológica y el acceso a la información entre la Agencia Tributaria estatal y las administraciones autonómicas. La iniciativa busca mayor flexibilidad, permitiendo a cada región participar en la gestión y compartir competencias según sus necesidades, así como ampliar la automatización de la distribución de otros tributos cedidos y adaptarse progresivamente a los cambios tecnológicos programados para 2026.
Gascón argumenta que la propuesta facilitaría la resolución de problemas de infrafinanciación en comunidades como Comunidad Valenciana, Andalucía o Murcia, al evitar la incertidumbre creada por los desfases y mejorar el ajuste de recursos a la evolución económica real de cada territorio. Además, la administración central se comprometería a aportar infraestructura tecnológica y recursos informáticos que permitan conexiones seguras, fluidas y eficientes entre el Estado y las regiones para dar soporte legal e informático al nuevo reparto.
El anuncio se enmarca en la hoja de ruta del Gobierno para modernizar el sistema fiscal autonómico y responde tanto a la presión autonómica como al reto de acomodar modelos singulares como el cupo catalán. Está previsto que la reforma, si logra consenso político, pueda comenzar a aplicarse gradualmente a lo largo de 2026, siempre respetando las competencias y la normativa vigente de cada comunidad autónoma.